ECOPETROL A LA FERIA DE EMPRESAS ESTATALES

Servicio noticioso

Número 146 – septiembre 12 de 2006
Equipo Periódico El Turbión

La democratización de las acciones.
Bajo la actual prostitución del discurso de la democracia se ha legitimado la intervención política y militar en los países latinoamericanos luego de su “liberación” de los regímenes dictatoriales, la guerra en Irak y el establecimiento de políticas, que como la renombrada 'seguridad democrática' desarrollada en nuestro país, se jactan de implementar medidas represivas bajo un velo de total tolerancia y participación. La democracia dejó hace mucho tiempo de ser un modelo político para convertirse en un instrumento hueco, cuyo perfil es determinado por el mejor postor.

Aprovechando este auge del sofisma colectivo de la democracia se nos presenta ahora una decisión del gobierno de “democratizar a Ecopetrol”, una de las empresas estatales más importantes del país. El fundamento: la necesidad de revestir a la empresa de herramientas que le hagan más competitiva en el plano internacional y que permitan su expansión a partir de la exploración de nuevos yacimientos.

Aparentemente cuatro eran las alternativas a seguir para lograr el fortalecimiento de esta entidad: primero, la consecución de un socio estratégico; segundo, seguir los pasos de Petrobras, donde el capital privado supera al estatal aunque este último cuenta con algunas prebendas y el derecho de veto; tercero, extraer a Ecopetrol de las cuentas fiscales a través de una reforma al Estatuto Orgánico de Presupuesto, medida que, al parecer, era la más idónea para conservar la empresa así sea su carácter estatal, obteniendo a la vez la independencia que necesita.

No obstante, esta opción se ha hecho a un lado y el modelo abordado fue la puesta en venta del 20 % de las acciones, como lo dio a conocer, el pasado 25 de julio, el Gobierno Nacional, en una decisión que ha inquietado a diferentes sectores políticos de nuestro país: Desde la organización sindical de Ecopetrol, la Unión Sindical Obrera (USO), y los miembros del Polo Democrático, hasta miembros de la bancada Uribista, como el senador Luís Guillermo Vélez quien solicitó al gobierno explicar las ventajas y desventajas en la venta de lo que denominó un “patrimonio estratégico” de nuestro país.

El debate.
Las explicaciones no se hicieron esperar y, en debate suscitado al interior del Congreso, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, asimilando la medida con el caso de Petrobras, resaltó que la inyección de capital privado permitiría un mayor crecimiento que se constituiría, a largo plazo, en mayores ingresos para la Nación y que, de manera alguna, implicaría una pérdida fiscal.

Argumentos éstos que resultan insuficientes si analizamos los distintos puntos que los críticos de la decisión han dejado en descubierto. Por un lado, están las cuentas del senador uribista Luis Guillermo Vélez, quien destacó la posibilidad de que la Nación dejara de recibir 3,5 billones de pesos por concepto de impuestos y utilidades, ya que, conforme a la reforma tributaria presentada al Congreso, los recursos obtenidos de la venta se dedicarían a la explotación petrolera que, en los términos de la propuesta legislativa, se descontarían del impuesto de renta.
Por otro lado, están los argumentos esgrimidos en comunicado del viernes 4 de agosto por los congresistas del Polo Democrático, en el que se destaca el incumplimiento del compromiso asumido por el Gobierno Nacional, el 26 de mayo de 2004, de no privatizar ni liquidar a Ecopetrol, conservando su naturaleza de sociedad pública por acciones. La determinación de la venta se da justo en el momento en que la empresa había reportado las mayores utilidades netas de toda su historia, transfiriendo al fisco 7,35 billones de pesos, según los cálculos del año pasado, y cuando ésta se realizaría con la conveniencia de la disputa internacional por el control de los precios del petróleo.

Finalmente, están las aclaraciones que sobre el punto ha realizado Jorge Gamboa, presidente de la USO, quien, en entrevista ofrecida al Periódico El Turbión, indicó que un 60% de ingresos destinados a salud y educación provienen de la explotación petrolera y que, al perder su naturaleza estatal, dicho ingreso deja de existir, por no ser aplicable en esos términos el régimen de transferencias. Esto, aunado al hecho de que el precio del galón de gasolina, que hoy por hoy se encuentra por encima de cinco mil pesos –correspondiendo, aproximadamente, un 50% de este monto a su valor real y otro 50% a impuestos–, puede incrementarse a partir de la venta de las acciones, alcanzando un precio de diez mil u once mil pesos, causando un impacto directo a la economía de los consumidores.

Las felices coincidencias.
Bien mencionan en su comunicado los congresistas del Polo Democrático que “la decisión es propia del entreguismo que ha caracterizado al uribismo: viene de prorrogar la explotación del gas de la Guajira a la Chevron-Texaco, el crudo de Caño Limón a Occidental, ofrecer en licitación el 51% de al Refinería de Cartagena, poner en la Bolsa las acciones a Ecogas y retroceder la legislación petrolera a los contratos de Concesión. En resumen, actúa muy acucioso con la seguridad energética de Estados Unidos y no la de Colombia, gobierna para las multinacionales y no para el país”. Todo lo cual hace parte de un cúmulo de 'felices coincidencias' que destacan que la conclusión de estos congresistas no es para nada aventurada ni descabellada.

Pero la problemática trasciende el plano de la industria petrolera. Podemos observar el caso de Telecom, empresa a la que, con el argumento de un impagable pasivo pensional, se señaló como poco rentable para el país, procediendo el gobierno a buscarle un “socio estratégico” que, a largo plazo, se posesionará del rentable negocio de las comunicaciones. A pesar de los problemas, extrañamente, todos los fondos de pensiones, la gran banca, el sector financiero y las multinacionales quieren comprar una buena tajada del hambre de la 'pobre viejecita' que, como en el poema, no tiene “nadita qué comer”, para recuperar lo invertido una vez se realice el balance real de las cuentas de la entidad, repitiendo así la historia de Codensa S.A.

Así mismo ocurre con el reciente caso de Adpostal, a la que el gobierno decidió liquidar luego de que no pudiera recuperarse de la “terrible crisis financiera” en la que la sumieron las ineficientes administraciones que, un gobierno tras otro, fueron imponiéndose a la entidad para debilitarla, y con la ya anunciada reestructuración de la Universidad del Atlántico que, hoy por hoy, se maneja casi como cualquier institución privada.

Todos estos ejemplos dibujan un panorama crítico que se constituye en una prueba fehaciente de que los temores de aquellos que se oponían a la reelección no eran producto de un paranoico delirio de persecución, sino una cimentada predicción de la avocación de nuestro país a la sujeción total al mercado y a los intereses particulares. En ese marco debe entenderse, entonces, la venta del 20% de las acciones de Ecopetrol, lo cual, a pesar de que el gobierno advierta que no se trata de una pretensión de privatización, resulta a todas luces encaminado a ese fin.

La falacia detrás de la venta.

“Ecopetrol sí requiere autonomía financiera, presupuestal y administrativa… perdió la administración cuando la vincularon a las cuentas del Estado, con la Ley 179 en el año 1994. Al vincularla restringieron la inversión, no le permitieron endeudamiento externo. Ecopetrol no tiene deuda externa, tiene dineros invertidos temporalmente”, afirmó Jorge Gamboa, coincidiendo con uno de los argumentos más importantes para la adopción de la medida en discusión, cual es la necesidad de brindar autonomía financiera a la entidad.

Igualmente, señaló que, desde hace diez años, el sindicato viene discutiendo los temas de la autonomía y presupuesto de la empresa y que en el año 2000 se planteó la creación de un fondo de hidrocarburos para la exploración y explotación de nuevas reservas. Todo lo cual denota que la discusión no se ubica en el planteamiento del problema, sino en la solución proporcionada.

De otro lado, está el hecho de que el gobierno ahora acuda a una falacia de petición de principio, en la que puso la enfermedad para luego hacer negocio con la cura. Así vemos como el marco fiscal impuesto a la empresa años atrás resulta ser hoy el problema que se pretende aliviar con la inyección de capital privado, que, a pesar de que aparente privilegiar la compra por parte de entidades oficiales y del sector solidario, es en últimas una forma de maquillar las verdaderas pretensiones del gobierno que, habida cuenta de que las limitantes de este tipo de sociedades implicarán necesariamente la entrega de este capital a particulares influyentes en materia de petróleos, se ha encargado de puntualizar en ello para morigerar las consecuencias de su decisión.

La astucia del gobierno va más allá. La venta del 51% de las acciones de la Refinería de Cartagena a la Glencore International, fue una jugada calculada. “La venta de la refinería es estratégica para las multinacionales. Si se trae crudo importado para cargar esta refinería, la refinería de Barrancabermeja no tiene razón de ser por costos. Quedaríamos con una sola refinería, que sería la de la Costa Atlántica, que se encargaría de distribuir el crudo, procesarlo y distribuir para el país los combustibles necesarios… vamos a dejar de ser autosuficientes”, enfatizó Gamboa.

El problema real radica, de acuerdo a este líder sindical, en la falta de un modelo económico, político y social propio, que, para el caso, permitiera la formulación de una ley marco de hidrocarburos que regule la inversión extranjera y permita consolidar una política clara frente al manejo de los recursos naturales en nuestro país. Así mismo, resaltó que la falta de apropiación del pueblo colombiano de la problemática petrolera agudiza la crisis, toda vez que la suerte de Ecopetrol “no es responsabilidad de la USO, sino de la nación”.

El anterior escrito no refleja necesariamente la postura política e ideológica de EL MACARENAZOO, por lo tanto no se responsabiliza del mismo. Imagen: Marcha de los obreros petroleros por las calles de Barrancabermeja, durante la huelga de 2004.