Una sabia síntesis de la ciencia social hecha hace casi un siglo muestra su plena vigencia hoy: «En política, la gente ha sido siempre víctima necia del engaño propio y ajeno, y lo seguirá siendo mientras no aprenda a descubrir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas (religiosas, políticas y sociales), los intereses de una u otra clase.» Está que ni mandada a hacer para la actual situación colombiana. Sólo puede ser bajo el engaño que se puede creer en que toda la fraseología de las declaraciones de paz, de seguridad, de democracia, de marchas “apolíticas” impulsadas por el establecimiento en pleno, de “persecuciones en caliente”, etc.
Sólo puede ser bajo el engaño que no se ve que lo que está andando es la más grande arremetida de las clases pudientes parásitas por tomar un aplastante control total en lo económico, político y militar del país por muchos años y aplastar todo vestigio y posibilidad de rebelión de las clases trabajadoras, despojadas.
Lo que está en juego es el futuro. Y ya desde la marcha de este 6 de marzo está en juego también si se cree en la fuerza del pueblo unido en torno a sus verdaderos intereses y se abandonan los engaños que hacen pasar como nuestros los intereses de los que tienen hoy la sartén por el mango. Eduardo Umaña Mendoza (asesinado hace ya diez años por un escuadrón de la muerte conformado por militares activos) tenía fundadas razones para no creer en cambiar la institucionalidad: “¿Cómo se obliga a una institucionalidad que crea estructuras paramilitares, que profundiza la impunidad de crímenes de lesa humanidad, que desplaza a miles de familias y comunidades, que victimiza a opositores políticos, que enseña en los manuales militares a odiarlos y motiva a exterminarlos?”.
No. No se puede obligar a esa institucionalidad cuya descripción de hace 10 años podría ser la de hace 40, o la de hoy mismo. No se puede creer el cuento de que sus instituciones son nuestras, que nos representan, que representan los intereses de todos. En los términos de ellos estarían des-institucionalizadas, pero es su naturaleza, no es una desviación, ni un caso aislado, es otro “falso positivo”.
Detrás de las “estructuras paramilitares”, de la “impunidad de crímenes de lesa humanidad”, del “desplazamiento de cientos de miles de familias y de comunidades”, de “la victimización de los opositores políticos que en los manuales militares enseña a exterminar”, están los intereses de ellos, de las clases dominantes de hoy, no del pueblo.
El paramilitarismo en Colombia tiene una larga historia. Las clases pudientes para perpetuarse en el poder político y económico siempre han recurrido sistemáticamente a métodos ilegales y violentos, cuando los métodos legales no alcanzaron para defender, extender y mantener sus privilegios. La adquisición de extensos territorios ha sido en gran medida en forma violenta y los terratenientes (incluso de manera organizada a alto nivel en la SAC o en Fedegan) han empleado mercenarios para lograr sus fines muchas veces camuflando sus verdaderos intereses detrás de justificaciones ideológicas y sabiéndose amparados por las estructuras estatales y los medios de comunicación.
Además, el paramilitarismo fue una directriz del gobierno de los EEUU desde los años 60 (explícita en sus Manuales de Contrainsurgencia), para desarrollar la guerra sucia contra la oposición y los sectores calificados de enemigos internos. Es el uso en la guerra de su filosofía del pragmatismo y del “todo vale”.
El señalamiento y denuncia de militares comprometidos en la violación de los DDHH a finales de los 70 y principios de los 80 implicó fuertes críticas al gobierno y posibles sanciones internacionales por los crímenes de Estado, lo llevó a fortalecer el paramilitarismo como “un grupo al margen de la ley” continuando así su política de terror y de paso, intentando limpiar la imagen de las Fuerzas Armadas. El paramilitarismo es una camuflada política de Estado, para el “trabajo sucio”.
El paramilitarismo constituye un instrumento para asegurar, ampliar y defender viejos intereses, y conquistar y mantener nuevos privilegios para la clase dominante: control sobre regiones con recursos naturales y alta biodiversidad; regiones estratégicas; tierras aptas para la agroindustria; regiones con potencial para grandes proyectos de infraestructura, etc. También el paramilitarismo justifica su avance ideológicamente con la lucha antisubversiva y la defensa de los valores tradicionales y de la institucionalidad estatal. El paramilitarismo reconoce emplear la violencia para esta finalidad, y estar además financiado y al servicio del narcotráfico. No podía estar más institucionalizado, incluso antes del proceso de legalización por parte del gobierno del reyezuelo Uribe: se jactaban (con razón) de tener control del congreso, del ejecutivo (¡desde alcaldías hasta la presidencia!), de fiscales, jueces y magistrados, y del “cuarto poder”, los medios masivos de desinformación.
No, la marcha del 4 de febrero de ninguna manera fue apolítica. Buscaba ser un plebiscito a favor de las políticas uribistas, nefastas para el pueblo pero favorables al máximo para terratenientes, grandes burgueses e imperialistas. Buscó obtener más capital político para gastarlo en limpiar el campo del escollo de las FARC, que aunque está lejos de representar los intereses del pueblo sí está en el corazón de sectores importantes de éste por mantener su oposición violenta al régimen.
Pero la marcha del 6 de marzo tampoco puede, ni pretende, ser apolítica. Es una oportunidad no sólo para desenmascarar los crimines del aprendiz de Führer y sus antecesores, sino para ayudar a “descubrir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas” de megaproyectos de infraestructura, agroindustriales, etc., de “seguridad democrática” y demás cháchara culebrera, los intereses de las clases parásitas que hoy tienen el poder económico, político y militar.
Y es también una oportunidad para que las clases trabajadoras, los desposeídos hoy de ese poder económico, político y militar avancemos en la forja de la resistencia popular, de una unidad alrededor de sus intereses, bajo un programa revolucionario que resuelva los dos grandes problemas de la sociedad colombiana: el problema de la dominación imperialista y capitalista, así como el problema de la tierra, asociado a la existencia del gamonalismo, el latifundio y la servidumbre.
¡Abajo el régimen fascista y proimperialista de Uribe!
¡Viva la lucha popular!
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El anterior escrito no refleja necesariamente la postura política e ideológica de EL MACARENAZOO, por lo tanto no se responsabiliza del mismo.
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