Caracas, ABN.
El Gobierno colombiano, al anunciar el 31 de diciembre la hipótesis acerca de que el niño Emanuel podría encontrarse no en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), sino en Bogotá, violó el principio de confidencialidad que establece la Convención de los Derechos del Niño. Así lo señaló la presidenta del Consejo Nacional de los Derechos del Niño y el Adolescente, Luisa Rodríguez, este jueves, al establecer contacto telefónico con Venezolana de Televisión (VTV) y ser consultada su opinión sobre este caso. Para Rodríguez, la actuación del presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, dejó de lado la Convención de los Derechos del Niño, la cual debe ser tomada en cuenta cuando se trata de la participación de niños que devienen en un conflicto armado.
“El Presidente ha develado, inclusive, una supuesta identidad de un niño que no sabemos quién es, pero que, indiscutiblemente, en algún momento reflejará algún infante, porque él ha dicho que tiene un registro de nacimiento, el cual se refiere a un menor que nació en algún momento”, apuntó. Explicó que la convención establece la confidencialidad que cualquier Estado donde participen niños en conflictos armados debe manejar con prioridad absoluta, lo que quiere decir que antes de salir a la palestra pública con este tipo de información, él debió primero comprobar, con prioridad absoluta, si realmente esta hipótesis era cierta. A opinión de la funcionaria, en este caso, el anuncio del Gobierno colombiano fue inoportuno en el momento en que se estaba a punto de lograr un acuerdo humanitario con la intervención de varios países o por lo menos para la entrega de un niño.
Insistió en que ésto para la convención tiene algún sentido negativo en su aplicación. Por lo tanto, cualquier información que se tenga sobre la materia debe ser comprobada previamente mas no puesta al conocimiento público si es simplemente parte de una hipótesis, dijo. Rodríguez también mencionó que el hecho de revelar la identidad de un niño que no se sabe hasta ahora quién es, podría acarrear algún tipo de consecuencia en la aplicación de la convención del niño.
"El niño puede ser quien sea, pero ya el Gobierno ha señalado y ha descrito a un niño con un número de registro de nacimiento, lo que identifica al menor a la luz de la aplicación de la convención y lo expone al descrédito público. Partiendo de esto, el Estado colombiano ya lo está discriminando del resto de los demás”, observó. Para la funcionaria, el Gobierno de Colombia debió actuar en esta materia por interés superior, “como lo venía haciendo el Estado venezolano cuando solicitaba servir de intermediador para que se resolviera la situación de liberación de un niño, su madre y otra persona, una misión humanitaria de lo que debe ser el derecho internacional y no es como piensan muchos, que es una campaña para enaltecer la imagen del presidente, Hugo Chávez Frías, frente a América Latina”. “Todos debemos entender, incluido el Estado colombiano, que una cosa es la prioridad absoluta y otra cosa es la actuación por motivos de guerra que tienen en este caso los políticos”, enfatizó. En el caso de Emanuel, puntualizó que el Estado colombiano estaría violando la identidad de cualquier niño y eso es grave para el derecho internacional, porque, a su vez, está violando principios fundamentales de la Convención de los Derechos Niño.
“Hay necesidad de hacerle un llamado a la sociedad colombiana, porque en este caso hay que salir a defender y a proteger el derecho de los niños que han sido víctimas de los conflictos armados”, manifestó. Hizo la salvedad de que el Consejo Nacional de los Derechos del Niño y el Adolescente le ha propuesto en varias oportunidades al Gobierno colombiano desarrollar un plan conjunto para las garantías de los derechos de los niños que son desplazados por la guerra de Colombia y siempre se han negado a ello o no han abierto todas las posibilidades para hacerlo.
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El anterior escrito no refleja necesariamente la postura política e ideológica de EL MACARENAZOO, por lo tanto no se responsabiliza del mismo.
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