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13 September 2007

INTENTO DE ASESINATO CONTRA HECTOR TORRES, INTEGRANTE DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL BAJO ARIARI - META.

Por: Héctor Torres - Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari.
El dia 31 de julio de 2007, civiles armados de la estrategia paramilitar, que se identificaron como paramilitares de las águilas negras, asaltaron el lugar de residencia, donde me hospedo cuando voy a Villavicencio, al llegar a la casa ví que la gente estaba aglomerada y había un taxi, les comente a los escoltas que de pronto habían asesinado a alguien y al acercarme más al vehículo vi que habían personas de la casa, les pregunté qué había pasado y me dijeron que hacía unos minutos habían llegado unos tipos a la casa, golpearon la puerta y dijeron que venían hacer una encuesta política, al momento que les abrieron la puerta un sujeto encañonó a la persona que abrió, se subieron cuatro personas al segundo piso, armados con armas cortas hicieron tirar al piso a todos y preguntaban por mí, decían: "dónde esta ese HP de HECTOR TORRES", buscaban por debajo de las camas, en el closet, en lo baños, etc. y se identificaron como paramilitares de las águilas negras; salvó la situación el hecho de que uno de los integrantes de la familia se tiró por el Balcón y dio aviso a los vecinos, llamaron a la policía y se pudo evitar una tragedia. Los paramilitares fueron movilizados en un taxi de servicio publico de placas UTV 430 de Villavicencio, que los descargó y se hizo el varado mientras que los "paramilitares" entraban a la casa, los delincuentes huyeron del lugar y en su huída uno se subió al vehículo pero la acción de los vecinos evitó que el vehículo siguiera su marcha, este "paramilitar" se tiro del carro y logro huir; el conductor junto con el vehículo fue detenido y entregado a la policía. A las 9.45 PM coloqué la denuncia en la URI de Villavicencio.

Cabe anotar que en repetidas ocasiones he solicitado al Ministerio del Interior se me refuercen las medidas de seguridad, cosa que ha sido imposible, el día 2 de agosto, sostuve una reunión con la doctora FLOR ROMERO, funcionaria del área de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, persona que lleva mi caso, para manifestarle mi preocupación por varias cosas entre otras que el personal que está encargado de mi seguridad está mal de dotación: uno tiene una pistola de 9 tiros y el otro un revolver. Solicité mediante un oficio al Doctor Pinillos que se mejoraran las condiciones debido al alto riesgo que corre mi vida, en la reunión que sostuve con la Doctora Flor ella me manifestó que: "antes a mí ya se me habían concediendo muchas cosas (…)", actitud que me parece irrespetuosa, hasta este momento el Ministerio no me ha entregado el segundo equipo avantel para las comunicaciones con las personas que me protegen.

El día 16 de mayo mediante derecho de petición le solicité al Doctor Bustamante la prorroga de mis medidas y le manifesté que estas debían ser permanentes y además de los elementos concedidos, pedí se me adicionaran otros que serían de gran utilidad para mi protección personal, entre otros pedí lo siguiente: 1 equipo celular con 750 minutos, 1 chaleco anti balas, 4 tiquetes aéreos mensuales a diferentes destinos nacionales (dado a que mi labor es de carácter nacional), pedí que también se prorrogara el subsidio de transporte, porque se me venció en el mes de mayo; la doctora Flor expresa que yo no debo volver al Meta, que me debo quedar en Bogotá desarrollando mi labor a control remoto, desconociendo que mi labor social debe ser garantizada por el Estado y que yo soy un líder social del departamento del Meta y en tal sentido el Estado Colombiano me debe garantizar mi seguridad para seguir desarrollando mi labor social en este Departamento.

Toda esta situación, sumado a que se han intensificado las amenazas a los líderes sociales de la región, al punto que en esta semana se vio obligado a salir de la región el señor EDILBERTO DAZA, que fue amenazado por los paramilitares, como lo dimos a conocer en una acción urgente anterior, hace que la situación se torne más preocupante y requiera de una exigencia clara y contundente al gobierno nacional, para que se implementen medidas no sólo de protección a los líderes, sino de tipo político para evitar más crímenes, más desapariciones, más bloqueos, más actos vandálicos, más represión y que además que se nos garantice retornar a la región del Bajo Ariari a continuar con nuestra labor social al lado de nuestras comunidades.

Hacemos un llamado a las organizaciones Defensoras de Derechos Humanos para que nos pronunciemos exigiéndole al gobierno de ALVARO URIBE garantías para nuestras comunidades, para sus líderes sociales, en otras palabras que cumpla con la Constitución Nacional y que garantize a los ciudadanos poder vivir y disfrutar del goce de todos nuestros derechos.
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El anterior escrito no refleja necesariamente la postura política e ideológica de EL MACARENAZOO, por lo tanto no se responsabiliza del mismo.

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