Coordinación Colombiana de Medios Alternativos (CCMA)
El día de ayer, en el marco del Tercer Encuentro Nacional de Víctimas Crímenes de Estado, varias organizaciones defensoras de derechos humanos y diversos colectivos realizaron balances regionales de la situación humanitaria en la mayoría de regiones del país.
Comunicado de prensa 07, Bogotá, D.C., julio 8 de 2006
El día de ayer, en el marco del Tercer Encuentro Nacional de Víctimas Crímenes de Estado, varias organizaciones defensoras de derechos humanos y diversos colectivos realizaron balances regionales de la situación humanitaria en la mayoría de regiones del país.
Comunicado de prensa 07, Bogotá, D.C., julio 8 de 2006
El día de ayer, en el marco del Tercer Encuentro Nacional de Víctimas Crímenes de Estado, varias organizaciones defensoras de derechos humanos y diversos colectivos realizaron balances regionales de la situación humanitaria en la mayoría de regiones del país. Este es un pequeño resumen con algunos puntos esenciales de la jornada que se realizó ayer en horas de la mañana.
“Todas las amenazas, asesinatos, desapariciones, cometidas desde el año 2000 en la región del Magdalena Medio y Barrancabermeja han sido causadas por paramilitares, Ejército y Policía, principales violadores de los derechos humanos”. Esta es una de las sentencias presentadas por la delegación de esta zona del país. El principal punto a destacar, presentado como balance de la situación humanitaria, es la cifra denigrante de 93 familias desplazadas en lo que va del año en la ciudad de Barrancabermeja. El Movimiento de Víctimas, capítulo Bolívar, recordó que el 70% de la población cartagenera vive en la pobreza, lo que contribuye a ratificar la deshonrosa calificación de esta ciudad como la principal a nivel nacional en cuanto a niveles de inequidad se pueda hablar. La distribución de los recursos es tan desigual y con móviles tan dispares que los dineros del chance en la costa (negocio controlado por Enilce López) son manejados por grupos paramilitares. Pues bien, aparece el fenómeno del mototaxismo en Cartagena, por ejemplo, como recurso de sobrevivencia, pero que últimamente ha sido amenazado y se convierte en un trabajo que crea problemas a la ciudad. Una denuncia para prestar atención es el señalamiento hecho a miembros de los sindicatos de la costa atlántica y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de ser miembros de las guerrillas. Quien señala es la empresa Unión FENOSA.
En cuanto al departamento de Sucre, que tiene un 0.70% de índice de desarrollo, los hechos resaltados son la investigación de las fosas comunes encontradas en San Onofre y Majagual y, precisamente respecto a este punto, el arrojo indiscriminado al mar de los restos de las víctimas, frente a lo cual la delegación sucreña exige el derecho a enterrar sus seres queridos. Así como ocurre en otras universidades del país, los estudiantes están siendo estigmatizados por la protesta social, lo que conlleva a detenciones arbitrarias de los mismos. La comisión sucreña, al respecto, exige la liberación de los estudiantes detenidos injustamente en la Universidad de Sucre. También se recordó la grave situación por la que pasa la red hospitalaria del departamento, un capítulo más del llamado “paseo de la muerte”.
El Consejo Comunitario del Río Naya (región del suroccidente colombiano, sobre la costa pacífica, entre los departamentos del Valle y Cauca), en cabeza de Manuel Garcés realizaron un balance de su trabajo desde el año 2001. Ese año asesinaron entre 150 y 200 personas en una masacre, aunque el gobierno reconozca sólo 16 cuerpos; precisamente este gobierno aceptó haber realizado la masacre con colaboración paramilitar. La comunidad, entonces, se plantea varias acusaciones: primero, la zona es un punto estratégico de interés para el Estado y para las compañías transnacionales; la situación se recrudece cada día más, con la llamada ley “de injusticia y más” (Ley de Justicia y Paz), donde es el pueblo el directo perjudicado; tercero, a pesar de exigir la presencia estatal en la zona, para desmentir las acusaciones de éste en cuanto el pueblo tiene alianzas con la guerrilla, las fuerzas armadas, “que deben proteger y no agredir”, sólo hacen presencia esporádica. Es este sentido la denuncia más reciente se origina en los días previos a las elecciones del 28 de mayo: “El Ejército sólo hizo presencia el día de las elecciones, fueron ellos quienes lanzaron bombas y ráfagas de fusil impidiendo la afluencia a las urnas de los pobladores”.
Janeth Pachón, del Meta, expuso la situación en confluencia con el primer encuentro de víctimas realizado en ese departamento el 24 de junio. Se ratificaron cifras de desplazamiento: 13 mil personas en lo que va corrido del año, para un promedio de 75 mil desplazados. Se realizaron denuncias sobre el genocidio perpetrado contra la Unión Patriótica (UP) en esa región, así como a miembros del Partido Comunista, asesinatos que en muchos casos llevan más de 20 años en la impunidad. Y, por último, se narró la situación de la paramilitarización de la región, acusando al bloque “Héroes del Llano” y del Bloque Guaviare, con influencia en la región, de no haber desmantelado sus estructuras militares, a pesar de que el primero mostró ante el país en abril pasado a 1800 integrantes “dejando las armas”. “Los paramilitares incluso pernoctan en instalaciones militares (…) operan en zonas dominadas por el Ejército, en claro apoyo mutuo”, afirma Pachón.
La situación sobre Cundinamarca fue expuesta por Napoleón Concha, cuyo hijo estudiante fue asesinado en una redada policial. El pasado mes de abril se conformó el capítulo Cundinamarca del Movimiento de Víctimas. El primer encuentro se realizó el 24 de junio. Allí, como ayer frente a las demás regiones, se hicieron públicas algunas denuncias. Por ejemplo, la Organización Femenina Popular (OFP) ha denunciado violaciones al movimiento en la localidad de Ciudad Bolívar por parte de grupos militares y paramilitares encubiertos. La organización Rayuela, asimismo, expone la grave situación por la que atraviesan varios jóvenes en Cazucá (en la periferia de Bogotá), bajo una denominada “limpieza social” justificada incluso desde la alcaldía al estigmatizar a los pobladores, donde han sido asesinados varios muchachos. Por otro lado, se recogen datos de CINEP y de Justicia y Paz, donde las cifras dan cuenta de cerca de 14800 desaparecidos forzados en la región. Finalmente, al igual que varias regiones del país, se acusa al gobierno de utilizar el paramilitarismo como estrategia del Estado de disuasión.
Segundo Solarte, de ASOMAYO, expuso la situación en la región del Putumayo. La primera denuncia y más grave, es la acusación hecha al Batallón Plan Especial Energético y Vial N. 11 de cometer asesinatos, atentados, abuso de autoridad, bloquear el transporte de medicamentos, realizar retenes ilegales,\n realizar interrogantes e intimidaciones por fuera de la ley o con métodos extrajudiciales, asesinar a familias enteras bajo la denominación de “fuego cruzado” y acometer actos de vandalismo en instalaciones educativas como las escuelas de la región, entre otras acciones. La reciente desmovilización de 600 “paras” en Puerto Asís, legalizó el trabajo de estos hombres bajo la insignia de “Los Rastrojos”, que ahora trabajan en conjunto con las fuerzas militares y al servicio de grandes narcotraficantes de la zona. Para terminar, Solarte enumeró ante los asistentes el nombre de cada víctima, victimario y fecha del hecho. En Nariño, el 95% de los municipios son controlados por grupos paramilitares. Así lo afirma Ramiro Vega, encargado de hablar sobre la situación de ése departamento. Los principales bloques que operan en la región son “Águilas del Sur” y el Bloque Carlos Castaño. La denuncia puntual tiene que ver con el entrenamiento a civiles por parte de los Estados\n Unidos para la conformación de grupos paramilitares en la zona, y ya hay grupos entrenados en esa materia. Vega no desconoce la situación por la que pasa, asegura que “las masacres equivalen a más hectáreas de tierra”, pero no a los campesinos o pobladores necesariamente. Antioquia es un departamento con un panorama complicado. Tal es la situación de dominio paramilitar que el 46% del total desmovilizado es de esta región. Son diez los bloques desmovilizados en Antioquia, en el cual está el Cacique Nutibara, que Sergio Guzmán, vocero de las víctimas, hace inferencias lógicas a partir de ello: Según cifras que maneja, el 5 % se desmovilizó por orden de los altos mandos, el 95 % restante no obedeció ordenes, entonces ¿esto quiere decir que la mayor cantidad de paramilitares se autodeterminan? ¿En realidad son de las autodefensas? ¿No obedecieron porque simple y llanamente era delincuencia común? Es el gran interrogante planteado por Guzmán. Él recuerda el sueldo dado\n a los desmovilizados en Antioquia, $740.000 cada uno sin incluir la salud y la educación, mientras que a las víctimas en Medellín se les ofrece $150.000 a cada una para vivienda y $50.000 para mercado, sólo para un período de entre tres y seis meses. Esto, en realidad, refleja que la ley 975 es perjudicial en todos los ámbitos para las víctimas. ",1]
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Segundo Solarte, de ASOMAYO, expuso la situación en la región del Putumayo. La primera denuncia y más grave, es la acusación hecha al Batallón Plan Especial Energético y Vial N. 11 de cometer asesinatos, atentados, abuso de autoridad, bloquear el transporte de medicamentos, realizar retenes ilegales, realizar interrogantes e intimidaciones por fuera de la ley o con métodos extrajudiciales, asesinar a familias enteras bajo la denominación de “fuego cruzado” y acometer actos de vandalismo en instalaciones educativas como las escuelas de la región, entre otras acciones. La reciente desmovilización de 600 “paras” en Puerto Asís, legalizó el trabajo de estos hombres bajo la insignia de “Los Rastrojos”, que ahora trabajan en conjunto con las fuerzas militares y al servicio de grandes narcotraficantes de la zona. Para terminar, Solarte enumeró ante los asistentes el nombre de cada víctima, victimario y fecha del hecho. En Nariño, el 95% de los municipios son controlados por grupos paramilitares. Así lo afirma Ramiro Vega, encargado de hablar sobre la situación de ése departamento. Los principales bloques que operan en la región son “Águilas del Sur” y el Bloque Carlos Castaño. La denuncia puntual tiene que ver con el entrenamiento a civiles por parte de los Estados Unidos para la conformación de grupos paramilitares en la zona, y ya hay grupos entrenados en esa materia. Vega no desconoce la situación por la que pasa, asegura que “las masacres equivalen a más hectáreas de tierra”, pero no a los campesinos o pobladores necesariamente. Antioquia es un departamento con un panorama complicado. Tal es la situación de dominio paramilitar que el 46% del total desmovilizado es de esta región. Son diez los bloques desmovilizados en Antioquia, en el cual está el Cacique Nutibara, que Sergio Guzmán, vocero de las víctimas, hace inferencias lógicas a partir de ello: Según cifras que maneja, el 5 % se desmovilizó por orden de los altos mandos, el 95 % restante no obedeció ordenes, entonces ¿esto quiere decir que la mayor cantidad de paramilitares se autodeterminan? ¿En realidad son de las autodefensas? ¿No obedecieron porque simple y llanamente era delincuencia común? Es el gran interrogante planteado por Guzmán. Él recuerda el sueldo dado a los desmovilizados en Antioquia, $740.000 cada uno sin incluir la salud y la educación, mientras que a las víctimas en Medellín se les ofrece $150.000 a cada una para vivienda y $50.000 para mercado, sólo para un período de entre tres y seis meses. Esto, en realidad, refleja que la ley 975 es perjudicial en todos los ámbitos para las víctimas.
La situación en el eje cafetero es la siguiente: mientras que el Parque Nacional de los Nevados está siendo privatizado lentamente, el Bloque Central Bolívar de las AUC ha incrementado sus hostigamientos contra la población de Quinchía, y el amedrantamiento a líderes de izquierda de la región. La delegación cafetera recuerda el reciente asesinato de siete jóvenes en Riosucio y exige investigación en cuanto al hecho. Sobre la situación del departamento del Cauca, Nilsón López, miembro del proyecto “Nunca más impunidad, verdad, justicia y reparación ya”, que busca promover la memoria histórica, afirma que en Popayán\n operan grupos paramilitares que ofrecen un sueldo de $800.000 para quien ingrese a las filas de los mismos. Asimismo, de parte del gobierno, lo que más llama la atención es el abuso cometido a los presos en la región, existen incluso varios calabozos especiales donde los obligan a desnudarse, los maltratan y los ordenan realizar cuclillas y demás métodos no autorizados. Wilson Ferrer representó a la región de Santander. Como en casi todas las regiones del país, el paramilitarismo también hace presencia acá mediante la economía (sobretodo en el norte de ése departamento), la incursión en ECOPETROL (pues cualquier obra que se realice lleva paramilitares a bordo), en la campaña “Salva Vías” y en la Universidad Industrial de Santander (UIS) mediante la imposición de la vigilancia privada al interior de la institución, y amenaza a la campaña promovida allí sobre el desmonte del ESMAD. Ferrer recuerda que el pasado 10 de junio se realizó la instalación del Movimiento de\n Víctimas en Bucaramanga. A propósito la ciudad está siendo amenazada con el reagrupamiento de los paramilitares en el sur del Cesar, zona cercana a Bucaramanga. La ciudad también cuenta con un gran número de desplazados asentados allí y un alto índice de homicidios con arma blanca, todo con el fin de “poder tergiversar la información”. La Asociación Campesina de Arauca denunció la estrategia de guerra contra el pueblo empleada mediante la ejecución extrajudicial constante y la judicialización masiva de líderes sociales en ese departamento de los llanos orientales. Por ejemplo en la vereda Pueblo Nuevo (Tame), donde recientemente fueron detenidas más de treinta personas sin aparente soporte legal. Y, por último, recordó la afluencia en los últimos días de mil miembros de las AUC al municipio de Tame. “En masacres anteriores este fue el punto de partida”, afirmó. ",1]
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La situación en el eje cafetero es la siguiente: mientras que el Parque Nacional de los Nevados está siendo privatizado lentamente, el Bloque Central Bolívar de las AUC ha incrementado sus hostigamientos contra la población de Quinchía, y el amedrantamiento a líderes de izquierda de la región. La delegación cafetera recuerda el reciente asesinato de siete jóvenes en Riosucio y exige investigación en cuanto al hecho. Sobre la situación del departamento del Cauca, Nilsón López, miembro del proyecto “Nunca más impunidad, verdad, justicia y reparación ya”, que busca promover la memoria histórica, afirma que en Popayán operan grupos paramilitares que ofrecen un sueldo de $800.000 para quien ingrese a las filas de los mismos. Asimismo, de parte del gobierno, lo que más llama la atención es el abuso cometido a los presos en la región, existen incluso varios calabozos especiales donde los obligan a desnudarse, los maltratan y los ordenan realizar cuclillas y demás métodos no autorizados. Wilson Ferrer representó a la región de Santander. Como en casi todas las regiones del país, el paramilitarismo también hace presencia acá mediante la economía (sobretodo en el norte de ése departamento), la incursión en ECOPETROL (pues cualquier obra que se realice lleva paramilitares a bordo), en la campaña “Salva Vías” y en la Universidad Industrial de Santander (UIS) mediante la imposición de la vigilancia privada al interior de la institución, y amenaza a la campaña promovida allí sobre el desmonte del ESMAD. Ferrer recuerda que el pasado 10 de junio se realizó la instalación del Movimiento de Víctimas en Bucaramanga. A propósito la ciudad está siendo amenazada con el reagrupamiento de los paramilitares en el sur del Cesar, zona cercana a Bucaramanga. La ciudad también cuenta con un gran número de desplazados asentados allí y un alto índice de homicidios con arma blanca, todo con el fin de “poder tergiversar la información”. La Asociación Campesina de Arauca denunció la estrategia de guerra contra el pueblo empleada mediante la ejecución extrajudicial constante y la judicialización masiva de líderes sociales en ese departamento de los llanos orientales. Por ejemplo en la vereda Pueblo Nuevo (Tame), donde recientemente fueron detenidas más de treinta personas sin aparente soporte legal. Y, por último, recordó la afluencia en los últimos días de mil miembros de las AUC al municipio de Tame. “En masacres anteriores este fue el punto de partida”, afirmó.
En el Valle del Cauca, las amenazas a líderes sociales son constantes, incluso contra miembros\n que participan en la campaña contra la brutalidad policíaca. Otros departamentos con este tipo de hechos son Guaviare, Norte de Santander y la ciudad de Buenaventura. Los documentos de denuncia y síntesis de los hechos fueron recopilados al finalizar la jornada. __________________________________________________Correo Yahoo!Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis! Regístrate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/ \n--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~\nHa recibido este mensaje porque está suscrito a Grupos de Google "altermedios" grupo. Si quiere publicar en este grupo, mande un correo electrónico a altermedios@googlegroups.com Para anular la suscripción a este grupo, envíe un mensaje a altermedios-unsubscribe@googlegroups.com Para visualizar más opciones, visite este grupo enhttp://groups.google.com/group/altermedios -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---\n\n",0]
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En el Valle del Cauca, las amenazas a líderes sociales son constantes, incluso contra miembros que participan en la campaña contra la brutalidad policíaca. Otros departamentos con este tipo de hechos son Guaviare, Norte de Santander y la ciudad de Buenaventura. Los documentos de denuncia y síntesis de los hechos fueron recopilados al finalizar la jornada.
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Segundo Solarte, de ASOMAYO, expuso la situación en la región del Putumayo. La primera denuncia y más grave, es la acusación hecha al Batallón Plan Especial Energético y Vial N. 11 de cometer asesinatos, atentados, abuso de autoridad, bloquear el transporte de medicamentos, realizar retenes ilegales, realizar interrogantes e intimidaciones por fuera de la ley o con métodos extrajudiciales, asesinar a familias enteras bajo la denominación de “fuego cruzado” y acometer actos de vandalismo en instalaciones educativas como las escuelas de la región, entre otras acciones. La reciente desmovilización de 600 “paras” en Puerto Asís, legalizó el trabajo de estos hombres bajo la insignia de “Los Rastrojos”, que ahora trabajan en conjunto con las fuerzas militares y al servicio de grandes narcotraficantes de la zona. Para terminar, Solarte enumeró ante los asistentes el nombre de cada víctima, victimario y fecha del hecho. En Nariño, el 95% de los municipios son controlados por grupos paramilitares. Así lo afirma Ramiro Vega, encargado de hablar sobre la situación de ése departamento. Los principales bloques que operan en la región son “Águilas del Sur” y el Bloque Carlos Castaño. La denuncia puntual tiene que ver con el entrenamiento a civiles por parte de los Estados Unidos para la conformación de grupos paramilitares en la zona, y ya hay grupos entrenados en esa materia. Vega no desconoce la situación por la que pasa, asegura que “las masacres equivalen a más hectáreas de tierra”, pero no a los campesinos o pobladores necesariamente. Antioquia es un departamento con un panorama complicado. Tal es la situación de dominio paramilitar que el 46% del total desmovilizado es de esta región. Son diez los bloques desmovilizados en Antioquia, en el cual está el Cacique Nutibara, que Sergio Guzmán, vocero de las víctimas, hace inferencias lógicas a partir de ello: Según cifras que maneja, el 5 % se desmovilizó por orden de los altos mandos, el 95 % restante no obedeció ordenes, entonces ¿esto quiere decir que la mayor cantidad de paramilitares se autodeterminan? ¿En realidad son de las autodefensas? ¿No obedecieron porque simple y llanamente era delincuencia común? Es el gran interrogante planteado por Guzmán. Él recuerda el sueldo dado a los desmovilizados en Antioquia, $740.000 cada uno sin incluir la salud y la educación, mientras que a las víctimas en Medellín se les ofrece $150.000 a cada una para vivienda y $50.000 para mercado, sólo para un período de entre tres y seis meses. Esto, en realidad, refleja que la ley 975 es perjudicial en todos los ámbitos para las víctimas.
La situación en el eje cafetero es la siguiente: mientras que el Parque Nacional de los Nevados está siendo privatizado lentamente, el Bloque Central Bolívar de las AUC ha incrementado sus hostigamientos contra la población de Quinchía, y el amedrantamiento a líderes de izquierda de la región. La delegación cafetera recuerda el reciente asesinato de siete jóvenes en Riosucio y exige investigación en cuanto al hecho. Sobre la situación del departamento del Cauca, Nilsón López, miembro del proyecto “Nunca más impunidad, verdad, justicia y reparación ya”, que busca promover la memoria histórica, afirma que en Popayán\n operan grupos paramilitares que ofrecen un sueldo de $800.000 para quien ingrese a las filas de los mismos. Asimismo, de parte del gobierno, lo que más llama la atención es el abuso cometido a los presos en la región, existen incluso varios calabozos especiales donde los obligan a desnudarse, los maltratan y los ordenan realizar cuclillas y demás métodos no autorizados. Wilson Ferrer representó a la región de Santander. Como en casi todas las regiones del país, el paramilitarismo también hace presencia acá mediante la economía (sobretodo en el norte de ése departamento), la incursión en ECOPETROL (pues cualquier obra que se realice lleva paramilitares a bordo), en la campaña “Salva Vías” y en la Universidad Industrial de Santander (UIS) mediante la imposición de la vigilancia privada al interior de la institución, y amenaza a la campaña promovida allí sobre el desmonte del ESMAD. Ferrer recuerda que el pasado 10 de junio se realizó la instalación del Movimiento de\n Víctimas en Bucaramanga. A propósito la ciudad está siendo amenazada con el reagrupamiento de los paramilitares en el sur del Cesar, zona cercana a Bucaramanga. La ciudad también cuenta con un gran número de desplazados asentados allí y un alto índice de homicidios con arma blanca, todo con el fin de “poder tergiversar la información”. La Asociación Campesina de Arauca denunció la estrategia de guerra contra el pueblo empleada mediante la ejecución extrajudicial constante y la judicialización masiva de líderes sociales en ese departamento de los llanos orientales. Por ejemplo en la vereda Pueblo Nuevo (Tame), donde recientemente fueron detenidas más de treinta personas sin aparente soporte legal. Y, por último, recordó la afluencia en los últimos días de mil miembros de las AUC al municipio de Tame. “En masacres anteriores este fue el punto de partida”, afirmó. ",1]
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La situación en el eje cafetero es la siguiente: mientras que el Parque Nacional de los Nevados está siendo privatizado lentamente, el Bloque Central Bolívar de las AUC ha incrementado sus hostigamientos contra la población de Quinchía, y el amedrantamiento a líderes de izquierda de la región. La delegación cafetera recuerda el reciente asesinato de siete jóvenes en Riosucio y exige investigación en cuanto al hecho. Sobre la situación del departamento del Cauca, Nilsón López, miembro del proyecto “Nunca más impunidad, verdad, justicia y reparación ya”, que busca promover la memoria histórica, afirma que en Popayán operan grupos paramilitares que ofrecen un sueldo de $800.000 para quien ingrese a las filas de los mismos. Asimismo, de parte del gobierno, lo que más llama la atención es el abuso cometido a los presos en la región, existen incluso varios calabozos especiales donde los obligan a desnudarse, los maltratan y los ordenan realizar cuclillas y demás métodos no autorizados. Wilson Ferrer representó a la región de Santander. Como en casi todas las regiones del país, el paramilitarismo también hace presencia acá mediante la economía (sobretodo en el norte de ése departamento), la incursión en ECOPETROL (pues cualquier obra que se realice lleva paramilitares a bordo), en la campaña “Salva Vías” y en la Universidad Industrial de Santander (UIS) mediante la imposición de la vigilancia privada al interior de la institución, y amenaza a la campaña promovida allí sobre el desmonte del ESMAD. Ferrer recuerda que el pasado 10 de junio se realizó la instalación del Movimiento de Víctimas en Bucaramanga. A propósito la ciudad está siendo amenazada con el reagrupamiento de los paramilitares en el sur del Cesar, zona cercana a Bucaramanga. La ciudad también cuenta con un gran número de desplazados asentados allí y un alto índice de homicidios con arma blanca, todo con el fin de “poder tergiversar la información”. La Asociación Campesina de Arauca denunció la estrategia de guerra contra el pueblo empleada mediante la ejecución extrajudicial constante y la judicialización masiva de líderes sociales en ese departamento de los llanos orientales. Por ejemplo en la vereda Pueblo Nuevo (Tame), donde recientemente fueron detenidas más de treinta personas sin aparente soporte legal. Y, por último, recordó la afluencia en los últimos días de mil miembros de las AUC al municipio de Tame. “En masacres anteriores este fue el punto de partida”, afirmó.
En el Valle del Cauca, las amenazas a líderes sociales son constantes, incluso contra miembros\n que participan en la campaña contra la brutalidad policíaca. Otros departamentos con este tipo de hechos son Guaviare, Norte de Santander y la ciudad de Buenaventura. Los documentos de denuncia y síntesis de los hechos fueron recopilados al finalizar la jornada. __________________________________________________Correo Yahoo!Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis! Regístrate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/ \n--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~\nHa recibido este mensaje porque está suscrito a Grupos de Google "altermedios" grupo. Si quiere publicar en este grupo, mande un correo electrónico a altermedios@googlegroups.com Para anular la suscripción a este grupo, envíe un mensaje a altermedios-unsubscribe@googlegroups.com Para visualizar más opciones, visite este grupo enhttp://groups.google.com/group/altermedios -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---\n\n",0]
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En el Valle del Cauca, las amenazas a líderes sociales son constantes, incluso contra miembros que participan en la campaña contra la brutalidad policíaca. Otros departamentos con este tipo de hechos son Guaviare, Norte de Santander y la ciudad de Buenaventura. Los documentos de denuncia y síntesis de los hechos fueron recopilados al finalizar la jornada.
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