LA CRISIS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS.

Fabio Lozano.
Presidente de la Federación Nacional de Profesores Universitarios.

La universidad colombiana experimenta ahora la más aguda crisis de su historia. La política educativa impuesta en el país por el neoliberalismo de la administración Gaviria desde 1990, cuyo instrumento fue la Ley 30 de 1992, ha terminado por hundir en la quiebra institucional a la universidad pública. Y las administraciones Samper y Pastrana, continuadoras de las recetas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, sometieron la universidad pública a una severa asfixia presupuestal, a un control violatorio de la autonomía universitaria y a un régimen de indicadores que desestimuló la investigación y pretende eliminar los derechos laborales de los docentes universitarios. En el presente artículo, el doctor Fabio Lozano, presidente de la Federación Nacional de Profesores Universitarios, analiza la profundidad de la crisis universitaria con un lenguaje fluido y con una claridad que refleja su experiencia como destacado dirigente del profesorado universitario. Deslinde

Un decenio nefasto para la universidad estatal.
La situación de la educación universitaria, al igual que el conjunto del sector educativo, hoy presenta una crisis acumulada que es producto de la aplicación de una política muy definida desde hace muchos años para la educación pública en general y en particular para la educación superior, que tiene sus raíces en las décadas anteriores a la expedición de la ley 30 de 1992. Pero a partir de esta norma legal la crisis encuentra una profundización que se puede resumir básicamente en un objetivo central: liquidar la posibilidad de la educación superior estatal y, con ello, impedir que la universidad pública se consolide y desarrolle como la única vía que tienen vastos sectores de la población para acceder a la formación y al conocimiento de nivel superior.

Desde 1992 hasta la fecha, casi diez años después de la ley 30, el balance que se puede hacer es una mayor agudización de la privatización de nuestras universidades y del sector educativo en general. Éste es un proceso anterior a la ley 30, pero la citada norma lo ha acelerado hasta el punto de que hoy, según las propias estadísticas oficiales, la matrícula universitaria en más del 72% está en manos de particulares, mientras el 28% o menos lo cubre el sector público. Este proceso privatizador es uno de los objetivos que se han venido consiguiendo a través de una sistemática política de asfixia presupuestal, aunque la ley 30 incorpora una especie de "seguro" para las universidades, pues en el articulo 86 establece que las instituciones públicas deben, por lo menos, mantener el poder adquisitivo de sus recursos provenientes de la nación y dice que las partidas de ésta a las universidades se deben aumentar de acuerdo con el índice de inflación.

Pero todo ésto se ha convertido en un presupuesto de sobrevivencia. Las universidades escasamente han sobrevivido pues no se han destinado recursos serios que permitan desarrollar la universidad estatal. Nadie se puede desarrollar y nadie puede crecer si apenas tiene un presupuesto de sobrevivencia. El presupuesto de la familia, si depende del salario del padre y apenas crece con la inflación, no alcanzará para ampliar su casa o en reparar el carro. Hay que pensar en algunos ingresos extraordinarios.

El tema de financiación ha sido el aspecto más importante, a nuestro parecer, y ha sido determinante para que el sector público pierda cada vez más terreno con relación al sector privado. La explicación es apenas lógica: no le interesa ni a éste ni a los anteriores gobiernos fortalecer al sector público, simplemente porque obedecen a una serie de dictámenes y políticas transnacionales que buscan disminuir el tamaño del Estado. Las universidades públicas son del Estado y en opinión de estos gobiernos son innecesarias, precisa-mente porque la iniciativa privada puede cubrir o debe cubrir el servicio de la educación superior, y esto mismo ocurre con la salud, la vivienda y los servicios públicos, sectores que tienen influencia principal sobre la vida de la mayoría de la población de Colombia. La privatización de las universidades es la forma de limitar o negar el ingreso de la mayoría de la población al nivel superior de la educación.

La amenaza del acto legislativo 012.
Actualmente se habla mucho de que el gobierno va a trasladar a los departamentos la financiación de la educación superior. Las universidades que llamamos regionales, las departamentales o las municipales que han sido creadas por ordenanzas de las Asambleas o por acuerdos de los Concejos municipales, curiosamente nunca han sido financiadas por los departamentos ni por los municipios, salvo dos excepciones que hay en el país: la Universidad Distrital, que depende del presupuesto de Bogotá, del Distrito Capital, y la Universidad de Cundinamarca, que depende en un alto porcentaje de los ingresos del departamento de Cundinamarca. El resto de universidades territoriales, más o menos unas 14 o 15, han dependido toda su vida de lo que la nación les transfiera año a año. Y los departamentos y los municipios, realmente, han sido poco importantes en términos de participación en los presupuestos de dichas universidades. Es decir, la descentralización en la educación superior, desde el punto de vista financiero, tiene connotaciones diferentes a otros sectores. Evidentemente la tendencia actual es que desde el Ministerio de Hacienda, desde el alto gobierno, se quieren eliminar esas transferencias para que los departamentos asuman esas obligaciones. Esto no se ha podido hacer, porque el mencionado artículo 86 no lo ha permitido.

En 1992 la ley 30 señaló que el presupuesto de 1993 sería la base para asignar, de ahí en adelante, los recursos a las universidades estatales. El artículo 86 permitió que se mantuviera esa asignación. Hoy, las mencionadas universidades están en un inminente peligro de perder esas condiciones mínimas, ante la imposición del tan controvertido Acto Legislativo Nº 012, que no solamente afecta todo el tema del Situado Fiscal y las transferencias de la Nación a los entes territoriales sino que deja sin piso legal el artículo 86.

Este acto legislativo hace una mo-dificación en la forma como deben valorarse los presupuestos de funcionamiento nacionales para todas las entidades. Tiene dos componentes: uno establece que esos presupuestos de funcionamiento se asignarán con base en el promedio de los últimos cuatro años; promedio que no puede exceder la cifra del crecimiento de los ingresos corrientes de la nación. Históricamente el crecimiento de los ingresos corrientes la nación siempre ha estado por debajo del IPC. El presupuesto de la Nación, además de los ingresos corrientes, tiene otras posibilidades para poder responder al proyecto fiscal del año siguiente. El otro componente dice que cualquier reforma al proyecto siempre se hará con base en el IPC esperado, pero, como se sabe, el Banco de la República nunca acierta al definir esta cifra. Según el artículo 86, los incrementos presu-puestales se hacen sobre el IPC. Si se utilizara el IPC causado, y no el esperado, nosotros tendríamos algún seguro pre-supuestal.

El monto presupuestal, basado en el IPC esperado, está contabilizado como parte de las transferencias y esas transferencias van a una única bolsa, por lo cual el departamento o municipio estaría en libertad de destinar tales transferencias en forma completamente discrecional a la educación superior, a una carretera o a cualquier otro gasto. Con ésto se perdería la destinación de las transferencias a la educación superior. Hay que anotar que la educación superior no ha tenido nunca contacto directo con las transferencias. Pero eliminando este artículo 86, como lo plantea el Acto Legislativo Nº 012, la Nación se desentendería de sus responsabilidades en materia de financiamiento de la educación superior.

Todavía no hay un proyecto concreto del gobierno sobre reforma de la ley 30 y lo único concreto es el mencionado Acto Legislativo, que ha causado tanto revuelo no sólo en la comunidad universitaria sino entre los gobernadores y alcaldes quienes, con toda razón, han manifestado su enérgico rechazo a esa intención gubernamental porque saben lo que les espera cuando no puedan atender las nuevas responsa-bilidades financieras y las comunidades les reclamen sus derechos constitucionales, incluido el derecho a la educación superior. Hasta ahora lo único que hay es un documento genérico, denominado "Bases para una política en educación superior", cuyo autor principal es Luis Enrique Orozco, de ingrata recordación para la universidad pública y para el sistema de acreditación, pues debido a una denuncia de una de nuestras filiales, fue excluido del CNA (Consejo Nacional de Acreditación) al que pertenecía.

Otros dramas en la financiación de las universidades.
El tema de la financiación ha dado origen a casos como el de la Universidad del Valle, institución a la que le estaban llegando los dineros asignados pero, por in-suficiencia de recursos, su nivel de endeudamiento le ha llevado a vender activos y a hundirse cada vez más en la insolvencia. Al nivel que llegó la Universidad del Valle afortunadamente todavía no han llegado otras universidades. Hay que agregar que la situación de la Universidad del Valle está íntimamente ligada a una administración que le abrió las puertas de par en par a los planteamientos del gobierno sobre auto-financiación, sobre aplicación de indica-dores de gestión y otros requerimientos gubernamentales.

Durante la administración Galarza, la Universidad se entregó a disposición de un modelo que entró en crisis. Lo que hizo la administración Galarza fue convertir a la Universidad en una "generadora de recursos", vendiendo desde las asesorías hasta los bienes históricos, y poniendo la academia al servicio de producir recursos. Así, endeudando a la universidad, la volvió un negocio, pero el negocio quebró. Además se habla de manejos no muy santos en el asunto. No es simplemente un problema de gerencia de una universidad, sino también de manejo de recursos y de contratos, lo que allí hizo crisis. Toda una administración, todo un grupo de profesores dedicados a la investigación, dedicados a la academia, de pronto se ven produciendo plata y la academia pasa a segundo término.

Eso es lo que la política gubernamental quiere hacer en todas partes: la meta es que las universidades deben generar sus propios recursos para que sobrevivan y la meta que puso el presidente Gaviria recién posesionado fue que las universidades, en cinco años, deberían generar más o menos el 30% de su presupuesto con recursos propios, siendo que por aquella época las universidades estaban en el 6%, el 7% o el 8%. Hoy estamos en el 30% y más, sobre todo las universidades territoriales.

Las universidades del orden nacional, las que dependen, eso sí, íntegramente del presupuesto de la nación, han tratado de frenar un poco ese proceso. Pero las universidades territoriales están presu-puestalmente asfixiadas y para generar recursos han debido aumentar matrículas, vender servicios y ejecutar todas las decisiones que en la Universidad del Valle hicieron crisis y que en las otras ins-tituciones, al paso que vamos, producirán el colapso en pocos años.

No crece la cobertura en la educación superior.
De todo ello se concluye entonces que las universidades no pueden aumentar la cantidad de estudiantes en forma sig-nificativa y no pueden tener planes de expansión sino que están "creciendo" inercialmente, "al ritmo de la inflación", lo que significa detenerse y retroceder. De pronto pueden crecer con base en un aumento de la matrícula, como es el caso de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que tiene cuatro sedes en Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá, y desde hace 4 años han aparecido nuevos programas "atractivos" en el mercado de la educación superior, tales como medicina, derecho, ingeniería de sistemas, electrónica, ingeniería civil, diseño y otros. Esos programas son autofinanciados y los estudiantes que han ingresado a ellos tienen un régimen de matrícula distinto al del resto de estudiantes.

En la UPTC hay más o menos unos 12.000 estudiantes presenciales y, de ellos, casi el 30% tiene un régimen de matrícula distinto, basado en salarios mínimos legales mensuales. Entonces el estudiante de medicina es un estudiante de pago promedio de $1.300.000 o $1.400.000 semestrales, frente al otro régimen en el que se paga en promedio entre $60.000 y $70.000 semestrales. Esa es una situación que hemos cuestionado a fondo. Las administraciones se han valido de la fuerte demanda que hay en las regiones por programas académicos de este tipo y, debido a las dificultades para venirse a la capital de la república, le ofrecen al padre de familia un programa al precio de una universidad privada, sin tener que desplazar a su hijo a otra ciudad.

En la universidad privada, con la recesión económica, ha sido dramática la situación de deserción que también existe en la universidad pública, aunque no es tan significativa. En cambio, desde hace 2 a 3 años la matrícula en la universidad pública ha aumentado. En carreras que tenían baja demanda, las universidades están reci-biendo cupo completo. Eso lo hemos percibido en muchas universidades que se quedaban con grupos de mitad, un tercio; ahora hay que rechazar aspirantes.

El tema financiero seguirá siendo la médula de todo este asunto y será la batalla más importante porque implica enfrentar toda una política y cuestionar todo un modelo que quiere seguir disminuyendo el tamaño del Estado. Estos 10 años de vida de la Federación, que es una organización relativamente joven, nos han permitido, por lo menos en el aspecto financiero, mantener lo que hay. Porque las embestidas no son de este año, han sido de año tras año, sin tregua, y por eso es que hemos librado esta batalla año tras año, para que el gobierno gire regular y adecuadamente los presupuestos que hay que arrancárselos porque el gobierno preferiría no girarlos. Son recursos de sobrevivencia, insuficientes, y las administraciones tienen que hacer milagros para ejecutarlos. Y, sin embargo, los que pagan los platos rotos son los pensionados, los profesores y los trabajadores. En universidades como la del Valle, con esa hecatombe, los profesores y los pensionados permanecieron un año sin salarios y sin mesadas, y no era porque la nación no le girará a la universidad. La cosa era tan complicada con los proveedores y con una serie de obligaciones y embargos que, en realidad, no había como atender lo fundamental.

La autonomía universitaria, opuesta a la autofinanciación.
El problema de la autonomía uni-versitaria debe entenderse en el sentido académico; es decir, como la autonomía de la universidad para definir el contenido de sus programas, para establecer las líneas de investigación y para darse su orga-nización interna, y no como la privatización de lo público, ni como la autofinanciación. Éste es un problema muy complejo que tiene muchas aristas. Es bueno señalar la nece-sidad de no entender por autonomía la política de autofinanciación, que es lo que el gobierno pretende imponer. Realmen-te hay que desligar esas dos cosas y, de alguna manera, sobre este asunto se ha hecho mucho trabajo y se ha logrado claridad.

La autonomía no solamente es un derecho, es también un deber. El concepto de autonomía va muy ligado también con el concepto de universidad, qué universidad y para quién esa universidad. En la definición de estos asuntos reclamamos que los universitarios puedan sean autónomos, sin ningún tipo de interferencia exterior, sin la presión de ninguno de los poderes públicos. Esta es la esencia misma de la universidad. La comunidad universitaria necesita poder definirle el rumbo a la universidad, no de espaldas al país, sino con el país, con sus necesidades y perspectivas. No para meternos en una urna de cristal sino para pensar y actuar como miembros de una comunidad nacional que cumple una función específica.

La autonomía tiene que ver también con el papel de los rectores. El rector tiene enormes responsabilidades en el ejercicio de la autonomía universitaria: primero, para decidir con su comunidad hacia dónde se debe marchar y, segundo, cómo debe organizarse para cumplir adecuadamente su misión. El balance de estos últimos 10 años es que no ha sido posible el ejercicio de la autonomía porque, desafortunada-mente, la ley 30 distorsionó completamente el concepto de autonomía, no solo conceptualmente sino también cuando, por ejemplo, le define a las universidades cómo deben ser sus consejos superiores, los máximos organismos de dirección universitaria y, de entrada, le impone 3 y hasta 4 –como en el caso de la Universidad Nacional– delegados directos del ejecutivo. El gobierno define la mayoría. Hemos demostrado que esos 3 o 4 delegados en todas las universidades tienen la suficiente influencia y los medios necesarios para captar a otros miembros del Consejo Superior que no son de la comunidad académica. El delegado del sector productivo, generalmente, es un miembro que se hace al lado de los planteamientos del gobierno. El ex rector ha sido un dolor de cabeza para esos consejos superiores. De esta manera, termina desequilibrándose completamente la balanza de fuerzas en los consejos superiores a favor de las políticas gubernamentales. Este es un factor decisivo de la crisis actual.

Ningún profesor en el país puede afirmar que tengamos plenas garantías con nuestros representantes: unos se mantienen incólumes en su representación, mientras otros, desafortunadamente, le hacen el juego a políticas gubernamentales que lesionan la vida universitaria. Hay al menos la posibilidad de ejercer algún tipo de control sobre las actuaciones de nuestros representantes. Pero sólo es un delegado de los profesores y otro de los estudiantes, dos de nueve; así, no hay ninguna posibilidad de autonomía.

Generalmente el rector maneja al representante del sector académico en el Consejo Superior. El rector nombra a los decanos en un buen número de universidades y los controla en los procesos de decisión. Los consejos superiores no ofrecen garantías reales para que seamos los universitarios quienes podamos realmente, desde el organismo superior, definir políticas. Las políticas las están definiendo organismos internacionales que las traen a los entes gubernamentales. La participa-ción es definitivamente escasa y no hay garantías para ejercer la autonomía real de la universidad.

Democracia o clientelismo en la universidad.
De otra parte, como son los consejos superiores quienes eligen al rector, lo nombran, el rector termina haciendo un "maridaje" con la gran mayoría de los consejos superiores e incluso antes de su elección tiene que hacer componendas, tiene que entrar a ganarse a los miembros del Consejo Superior, que son finalmente quienes definen el asunto, independientemente de si existe o no consulta en las universidades. Los rectores terminan siendo agentes de la aplicación de las políticas gubernamentales y terminan siendo agentes de la imposibilidad de que la comunidad universitaria realmente pueda influir en la vida institucional.

La autonomía finalmente recae en los consejos superiores y los rectores en un altísimo porcentaje; no es una autonomía de la comunidad universitaria como debería serlo. La forma como se elige el Consejo Superior y el rector no es democrática porque está sujeta a muchas interferencias, manipulaciones y presiones, como se pone de manifiesto cada vez que se eligen rectores en las universidades regionales y nacionales. El balance de lo que ha sido la experiencia de elección de rectores en estos diez años es negativo. No es que estemos contra los procesos democráticos al interior de las universidades. Lo que pasa es que, tal como están, como se han venido manejando, con los ribetes que tienen, se han pervertido. Muchas dudas y cuestionamientos surgen frente a los procesos de elección de rectores, en muchos de los cuales se han producido fenómenos oscuros y turbios, entrecruzados con hechos extraacadémicos, financieros, clientelistas en el sentido más simple del término.

La elección de rectores se ha vuelto casi una especie de desprestigio de la democracia misma en la universidad y en la sociedad. En lugar de responder ante la corrupción imperante mostrando que la universidad sí tiene un modelo distinto de democracia, lo que hemos hecho es copiar los peores vicios de nuestra vieja democracia, transfiriéndolos a la universidad. Un ejemplo que todavía está sin definirse desde hace más de seis meses, es el caso del rector de la Universidad de Cartagena. Lo último que se produjo fue su encarcelamiento por falsificar documentos, así como del vicerrector administrativo o académico. Tres personas de esa administración están subjudice porque falsificaron documentos para poder participar en la elección. El caso de la Universidad de Caldas tiene unas connotaciones muy complicadas, pues al rector se le elige con apoyo de la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, trabajadores y egresados, y la misma comunidad le revoca el mandato; así, a las malas. Allí no hay, propiamente, un cuestionamiento sobre malos manejos, sobre problemas financieros, sino unas con-notaciones políticas complicadas que hacen de este caso algo distinto a otros, en donde el tema del rector inclusive ha llevado a asesinatos de profesores, de estudiantes, de trabajadores y a desplazamiento de miembros de la comunidad universitaria; es decir, ese asunto de la elección de rector se nos volvió una terrible bomba explosiva. Y, particularmente, los profesores somos quienes más implicados hemos estado en el tema, porque son nuestros colegas los que aspiran a las rectorías.

Un golpe demoledor a la investigación básica.
En relación con la investigación la situación es muy crítica. No podemos tapar el sol con las manos. Hay un claro y muy evidente abandono sistemático e histórico por parte de los gobiernos anteriores, en términos financieros para apoyar iniciativas de investigación, de ciencia y tecnología al interior y por fuera de las universidades.

No obstante, somos las universidades públicas quienes seguimos manteniendo lo poco que hay, sobre todo en investigación básica, que es la investigación estratégica para el desarrollo de cualquier país. No lo hacen otras instituciones porque es muy costoso y porque no es rentable. Lo poco que se hace lo hace la universidad pública, pero evidentemente se ha perdido mucho terreno y es fácil demostrarlo con algunos indicadores que, de alguna forma, nos dan alguna señal de cómo estamos; por ejemplo, ha caído significativamente el número de publicaciones en medios prestigiosos de circulación internacional.

Con relación a América Latina, cada vez perdemos más terreno. Por ejemplo, el número de doctorados –que están ubicados fundamentalmente en las universidades públicas– en relación con América Latina, ha disminuido considerablemente y no hay una estrategia para superar ese des-censo. Pero, donde más evidentemente se ve la crisis de la investigación es en los parámetros y los índices financieros. Lo que se dedica a investigación, a ciencia y tecnología, en buena parte destinado a Colciencias, que a su vez hace la distribución y el empalme con las universidades, es alarmante. El presupuesto del año 2000 para ciencia y tecnología es el 0,025% del PIB, lo cual es ridículo. Ha sido la menor asignación en toda la historia en toda América Latina. Creo que le ganamos a Haití, escasamente. Así es imposible promover la investigación y desarrollar el país. Cada día se necesita dinero, mucho dinero y voluntad política, para poner en marcha el tema de la investigación.

El Plan estratégico 2000-2002 elimina conquistas laborales.
En lo poco que le queda al presidente, quiere culminar su obra demoledora de la universidad y la ciencia en Colombia. Esto se llama Plan Estratégico 2000-2002 que, curiosamente, sólo aparece en el 2001. En año y medio, con el sol a cuestas, con la premura de una agonía inminente, con las urgencias del clientelismo que supone la campaña electoral, el presidente y su ministro de Educación Nacional insisten en aplicar medidas muy puntuales que han sido frenadas por la movilización del magisterio colombiano y de muchos otros sectores en los años anteriores. En la educación superior el gobierno dice que va a reformar el régimen salarial y prestacional a los profesores.

El criterio del gobierno es que nuestro régimen, que tiene un nombre sonoro, el decreto 1444, ha sido "uno de los culpables de la crisis financiera de las universidades". Ésta es una lectura muy sesgada y torpe del asunto. Según el ministro, la vena rota es el decreto 1444 que va a cumplir diez años de vida en el 2002. Empero, la crisis es muy anterior al último decenio. Este decreto necesita una revisión que desde un comienzo nosotros hemos planteado. Pero la óptica gubernamental es la de reformarlo para recortar conquistas, para botar al cesto de la basura derechos adquiridos y para disminuir la posibilidad de ingresos de los profesores e investigadores universitarios. El centro de la reforma gubernamental al decreto 1444 consiste básicamente en quitar cualquier posibilidad de asignar salarios por experiencia académica, experiencia calificada que fue reconocida por el mencionado decreto y, además, en quitarle la característica de permanente a la productividad académica, establecida así por el decreto. Esto se relaciona con lo que se produzca en términos de publicaciones, edición de libros y otros. Hay una gran variedad de factores al respecto, como previa calificación, previa evaluación, en pares. Esta producción tiene la posibilidad de ser reconocida desde el punto de vista salarial. El gobierno afirma que eso es perverso y que ha sido un lío; que por eso "lo vamos a quitar como permanente y vamos a ver si lo dejamos como temporal". Se trata de un abierto desestímulo a la producción intelectual y científica.

Hemos reconocido que el decreto 1444 necesita ajustes, pues hay universidades donde el asunto no se ha manejado bien. El decreto 1444, en esos términos, es inequitativo por una razón sencilla: quienes pueden producir académicamente, en términos de investigación, de publicaciones, son generalmente quienes tradicionalmente se han conformado como grupos de investigadores, con muchos nexos con el exterior universitario, con el gobierno y con el sector privado. Son élites las que se benefician. La producción intelectual y científica no es un tema asequible al cuerpo de docentes en general. Entonces, es un grupo de élite, privilegiado por el decreto 1444. Pero ésto sólo es un reflejo de lo que pasa en nuestras universidades y los excesos, realmente, no son el problema central, como lo quiere señalar el gobierno. No es eliminando todo estímulo como se repararía la inequidad que antes mencionamos. No estamos de acuerdo con la propuesta de que se asignen puntos por desempeñar cargos administrativos en las universidades.

Aquí vale la pena relacionar dos puntos específicos del Plan Estratégico con el Documento Base para una Política de Educación Superior, planteado por Orozco y compañía. Y es que el año pasado, el ministro de Educación quería presentar una reforma universitaria, proyectada para marzo de 2001, y de allí pasó a la formulación un "Plan Estratégico" con tres líneas puntuales. Finalmente, todo se limitará a una reforma institucional. Lo que fue considerado como un planteamiento "profundo", a la postre quedó en lo sustancial, que es el tema de la financiación, y lo demás se va a quedar, como siempre, olvidado. En el "Plan Estratégico" se dice que los presupuestos de las universidades se elaborarán de acuerdo con la aplicación de unos indicadores de gestión, eficiencia, etc., que es con lo que nos vienen amenazando des-de hace mucho tiempo, y no con el criterio actual de los pesos constantes.

El subsidio a la demanda descapitaliza a las universidades.
El otro componente tiene que ver con el crédito educativo; es decir, volver a retomar la posibilidad de que a través del crédito se subsidie la demanda y no la oferta. El crédito educativo consiste en que se le dé dinero al estudiante y el estudiante escoge la universidad. No se le da dinero a la universidad pero sí se recortan los ingresos. Más. como las universidades tienen que sobrevivir de alguna manera, entonces, hay que aumentar las matrículas.

Sobre el asunto de los indicadores de gestión, nosotros tenemos un planteamiento sencillo. No aceptamos la aplicación de indicadores en el reparto de recursos para las universidades: ni los actuales, ni los adicionales. Además, la escuela de indicadores es relativamente nueva y el ICFES todavía no termina de depurar una propuesta sobre indicadores. Y las universidades, muy particularmente la Universidad Nacional de Colombia, es la que más ha trabajado sobre el asunto. Está elaborando una concepción de indicadores para el interior de la universidad con el objeto de adelantar la evaluación interna, sin que tenga que ver con la distribución de dineros.

Es preciso anotar que no estamos rechazando el ser evaluados, pues nos debemos a la sociedad. Pero esta evaluación debe obedecer a indicadores técnicos del desarrollo académico e investigativo y no a los indicadores empresariales que recuerdan la era de Taylor. Los indicadores diseñados y utilizados por Planeación Nacional, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, tomados de los manuales del Fondo Monetario Internacional e impuestos en la distribución de los recursos, son absolutamente inaceptables porque son criterios meramente empresariales. Cuán-tos estudiantes por aula, por docente, cuántos por metro cuadrado. Ese tipo de indicadores son absolutamente inaceptables porque el trabajo académico y científico de la investigación y la docencia, y la complejidad de procesos de la universidad, en éste o en cualquier otro país, no permite hacer ese tipo de homologaciones con una fábrica de zapa-tos o con un negocio de venta de chorizos. Con la aplicación de esos indicadores la comunidad universitaria no podría investigar y si no puede investigar entonces se niega como tal. Mientras subsista el artículo 86, no tendría lugar la aplicación de indicadores para distribuir recursos destinados al funcionamiento y sólo funcionaría para recursos adicionales.

Aquí hay una discusión de fondo, porque no hay que confundir nuestra consigna de mantener lo que está es-tablecido con la idea de no querer más. Estas ideas son complementarias. Nosotros estamos defendiendo el mínimo pero no estamos diciendo que con eso ya está absolutamente satisfecho el tema de la educación superior. Debemos defender cada conquista que nos quede, pero también debemos señalar las necesidades que no se han resuelto y que impiden el desarrollo de la universidad colombiana.

Un gremio complejo que avanza.
El gremio de los profesores universitarios es difícil por su extracción, por su composición. Pero en eso hemos avanzado algo. El movimiento profesoral de hace 10 años y el de hoy son diferentes. El solo hecho de que estemos pensando, no en pelear solos sino en acciones unitarias y conjuntas, ya es un avance. Porque al interior de nuestro gremio había un claro rechazo a untarse de CUT o de FECODE. Desde 1997, cuando tuvimos la iniciativa de juntarnos en el Comando Nacional Unitario Estatal, la primera pelea que se dio, hay un acercamiento entre los profesores universitarios y el resto del movimiento sindical. Si el objetivo de los organismos internacionales es golpear y despojar de derechos a todo el sector educativo, eso está creando las condiciones para que nos defendamos en forma coaligada.

Actualmente hay perspectivas de unidad estatal y educativa en la oposición al Acto Legislativo 012. Acabamos de firmar una Declaración Conjunta con un buen número de organizaciones. Con ello, creamos un frente común contra el mencionado Acto Legislativo, donde está la educación, la salud, el sector de trabajadores estatales, el Sindicato de Contralorías. En este frente van a tener que caber hasta los gobernadores y los Alcaldes que recientemente se han pronunciado contra las políticas gubernamentales. Queremos vincular a todos lo demás sectores, aún a los in-directamente afectados, porque es que el país entero es el afectado por esa medida que está en marcha. Tenemos ya una agenda intensa, de cara al primer semestre del 2001, al interior de las universidades, coordinada con FECODE, para sensibilizar a la comunidad universitaria sobre este asunto.

Es importante, además de la radiografía de la crisis que aquí se ha presentado, promover la necesidad de reaccionar frente a la embestida que se nos viene ahora con el Acto Legislativo, el Plan Estratégico y todas estos instrumentos gubernamentales. Hemos privilegiado la movilización y la acción conjunta y coordinada de la comunidad universitaria con otros sectores para vincularnos a dicho frente, pero no por eso descuidamos la necesidad de tener propuestas alternativas. En eso coincide un amplio sector del profesorado universitario.

El surgimiento de la Federación.
Hay que decir que la Federación no nace como un proyecto reivindicativo sino político. En 1991, previo a la aprobación de la ley 30 de 1992, la Federación logró, con todas las limitaciones que entonces teníamos, abrir un buen debate sobre el tema de la reforma universitaria. Logramos ponernos de acuerdo en algunas cosas mínimas e inclusive llegamos a avanzar hasta proponer un articulado para la reforma de la educación superior. Y, entre otras cosas, fue el único proyecto alternativo distinto al del gobierno, con el cual nos pudimos abrir paso. Fue una organización que nació con muchas prevenciones, porque entonces había una enorme dispersión, una enorme desmovilización del profesorado universitario. Veníamos de una crisis de ASPU muy compleja, que tuvo gravísimas repercusiones en el movimiento profesoral, y la iniciativa de la Federación consistía en volver a sentar a la gente en la misma mesa.

Con todas esas limitaciones, logramos finalmente hacer este primer plantea-miento, esta propuesta básica dentro de la Federación que sigue siendo, digámoslo, una "plataforma básica", abierta a la discusión y al debate, porque no está acabada. Pero en el proyecto sí nos identificamos con un enorme sector del profesorado en torno a lo que debe ser la universidad, a lo que debe ser la responsabilidad del Estado frente a la educación superior y a lo que debe ser un sistema orgánico estatal de educación superior para el país. Tal vez lo único que la ley 30 incluyó muy tímidamente, que no ha servido absolutamente para nada en el articulado, es el famoso Sistema Universitario Estatal que fue una propuesta nuestra.

Seguir construyendo propuestas alternativas que unifiquen y movilicen al profesorado universitario es una tarea muy importante. La resistencia es muy importante. Pero no sólo la resistencia por la resistencia. Claro es que tenemos que pensar primero en resistir, en frenar la locomotora; de acuerdo. En eso no tenemos mayores discusiones. Pero hay que ir construyendo cosas para pensar en una universidad, en una comunidad universitaria con posibilidades de proyectarse y, sobre todo, mucho más comprometida con nuestra cruda realidad y con nuestras necesidades como país. Me parece que es importante resaltar este aspecto.

Finalmente, es de anotar que la madurez también nos une: todas las prevenciones de 1991 y anteriores, hoy en día se han superado bastante; hemos madurado y superado viejas rencillas, originadas en la incomprensión de la situación. Es preocupante que dentro de unos 5 o 6 años los viejos militantes del movimiento de profesores universitarios se van a pensionar y el relevo generacional nos va a dejar sin el 60% de los profesores y dirigentes experimentados, lo que se ha agravado por el temor natural frente a la inminente reforma pensional que ha inducido a muchos a buscar la forma de garantizar la pensión. Ese relevo generacional es complicado y nos va a traer problemas.

Todo esto del neoliberalismo ha permeado al interior de nuestras universidades y ha estimulado el individualismo, el apoliticismo y otras expresiones elusivas. Pero, por otra parte, afortunadamente también hay mucha madurez dentro de la militancia que está en los organismos de dirección de las asociaciones profesorales, en todas las universidades, y en quienes están en los organismos de la Federación. Los profesores universitarios han aprendido y avanzado en estos diez años de vigencia de la Ley 30 y ese es el primer paso para lo que viene.

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