COMUNCIACIONES ONIC
Sábado 9 de Diciembre del 2006.
Bajo el manto de la impunidad: Continúa el etnocidio de nuestros pueblos indígenas.
En medio de la guerra interna y la hipocresía estatal se planea y adelanta el etnocidio más grande de los pueblos indígenas de Colombia. Hoy más que nunca, la intensificación del conflicto armado y la agudización de nuestra crisis humanitaria ponen en evidencia la necesidad de una política estatal en materia de protección especial y afirmación de derechos. En este sentido resulta incomprensible y paradójica la incoherencia política del Gobierno Colombiano. Mientras el Ministro del Interior informa al Congreso de la república, sobre los avances que se proyectan con la formulación de una política integral para los pueblos indígenas, con perspectiva de Derechos Humanos; el Gobierno Nacional se abstiene de respaldar la Declaración Universal De Los Derechos De Los Pueblos Indígenas, propuesta en el seno de la asamblea general de las Naciones Unidas, con el argumento de que está en contra de la Constitución Política de Colombia. Se trata de una agenda oculta y perversa que siente amenazados sus mezquinos intereses, máxime cuando la declaración plantea la protección legítima de los recursos naturales y la propiedad ancestral de los territorios de los pueblos indígenas.Como bien lo señaló la reciénte Misión Internacional de Verificación (entre el19 y 29 de septiembre de 2006) adelantada por los pueblos indígenas de Colombia, es un panorama desolador en que los pueblos no han podido adelantarsus planes de vida, toda vez que han debido estar atendiendo el conflicto armado, sus enormes impactos las comunidades, así como los intereses económicos que fungen como causas estructurales del mismo, mismos que se ciernen sobre nuestros lugares sagrados, cultivos y territorios ancestrales.
Hoy quieren que seamos invisibles y silenciosos pese a la muerte, el hambre y el dolor que se ciernen sobre nosotros. Un breve análisis del conflicto armado evidencia la creciente responsabilidad del Estado en las violaciones e infracciones, como de la conculcación de derechos por omisión o acción institucional respecto de los derechos colectivos y del medio ambiente, debido a su respuesta frente al cambio en las estrategias bélicas de los actores armados. Las medidas implementadas en el marco de la política del actual gobierno, agrava la ya difícil situación que enfrentamos. Hoy se presenta la profundización del programa de “Defensa y seguridad democrática” del reelecto presidente Álvaro Uribe Vélez, caracterizado por un proceso de paz ficticio–impune, sin memoria y antidemocrático— que le abrió las puertas al TLC; y en un contexto de desdoblamiento de las acciones bélicas de las FARC, después de un periodo de retaguardia estratégica. Hoy somos 36 los pueblos que hemos sido víctimas de crímenes de lesa humanidad, de violaciones a nuestros derechos humanos y de vulneración de nuestro derecho al debido proceso, al respeto de nuestra autonomía, costumbres y territorios.
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COMITÉ EJECUTIVO.
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Luis Evelis Andrade Casama, Presidente ONIC.
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El anterior escrito no refleja necesariamente la postura política e ideológica de EL MACARENAZOO, por lo tanto no se responsabiliza del mismo. La imagen (tomada de: http://www.selvas.org/dossPC10.html) no hace referencia a la nota.
