Declaración Política
Asamblea Regional de Víctimas de la Violencia del Terrorismo de Estado en el Magdalena Medio
La Asamblea Regional de Víctimas de la región del Magdalena Medio, reunida el día primero de julio de 2006 en la ciudad de Barrancabermeja, con la participación de cerca de mil delegados, realizó un detenido examen de la realidad sociopolítica y económica actual, y en especial sobre el proceso de "desmovilización" paramilitar y el marco jurídico establecido para ello.
Los asistentes a la Asamblea han llamado la atención sobre el hecho de que la ley de "Justicia y Paz" deja por fuera la responsabilidad de Estado en el origen y consolidación paramilitar, y por lo tanto desconoce su participación por acción u omisión en los crímenes cometidos.
Transcurrido un año desde la aprobación de esta ley, los voceros de las comunidades de las diversas regiones del Magdalena Medio constataron que si bien algunos de los paramilitares se han desmovilizado, en lo esencial las estructuras del paramilitarismo permanecen intactas y se presentan a través de nuevas modalidades como empresas de vigilancia privada, guardabosques y fachadas para inversiones extranjeras y actividades comerciales. La desmovilización paramilitar fue utilizada además como una estrategia para lograr la reelección de Álvaro Uribe Vélez.
La Asamblea Regional de Víctimas observa que la ley de "Justicia y Paz" no ha repercutido en acciones de retorno de los desplazados, ni en la recuperación de los cinco millones de hectáreas de tierra cultivables que fueron robadas violentamente a los campesinos. Por el contrario, hoy en día los desplazados permanecen lejos de sus sitios de origen y viviendo en condiciones de marginalidad y miseria.
La persistencia de la acción militar-paramilitar se expresó antes y después de la contienda electoral reciente en una avalancha de amenazas y terror a organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y voceros de la oposición. En la actualidad, el país presencia escandalizado la oleada de asesinatos y delitos en que se ha visto envuelta la fuerza pública en su afán de entregar resultados para tratar de demostrar la supuesta efectividad de la política de "seguridad democrática".
El país reclama que se hagan públicos los acuerdos del gobierno y paramilitares, el listado de los 2 mil doscientos paramilitares que tienen órdenes de captura, y los delitos de los cuales se les acusa, para que las víctimas tengan la posibilidad de incidencia y seguimiento a este proceso. Es necesario que los vinculados a dicho listado sean capturados para que afronten el proceso correspondiente.
El país permanece sumergido en una preocupante crisis humanitaria, por lo que la Asamblea reclama la continuidad de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, manteniendo su mandato original.
Así mismo, las víctimas del Magdalena Medio exigimos al gobierno nacional la conformación de una comisión de seguimiento a los casos de desaparición forzada, la cual investigue la existencia de fosas comunes en la región.
La Asamblea Regional se hará presente en el Tercer Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, a realizarse del 7 al 9 de julio en la ciudad de Bogotá, con el mandato de definir nuevas estrategias de lucha contra la impunidad, reactivar el papel de las víctimas y consolidar organizativamente el Movimiento Nacional de Víctimas para que pueda jugar su rol en la recuperación de la memoria histórica y la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral.
Finalmente, la Asamblea Regional se pronuncia resueltamente a favor de la solución política negociada y los acuerdos humanitarios que posibiliten el intercambio de prisioneros de guerra y retenidos políticos. Así mismo, exige del nuevo parlamento la no aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC), por cuanto atenta contra la soberanía nacional, el desarrollo independiente del país y el nivel de vida de la población.
Asamblea Regional de Víctimas de la Violencia del Terrorismo de Estado en el Magdalena Medio
La Asamblea Regional de Víctimas de la región del Magdalena Medio, reunida el día primero de julio de 2006 en la ciudad de Barrancabermeja, con la participación de cerca de mil delegados, realizó un detenido examen de la realidad sociopolítica y económica actual, y en especial sobre el proceso de "desmovilización" paramilitar y el marco jurídico establecido para ello.
Los asistentes a la Asamblea han llamado la atención sobre el hecho de que la ley de "Justicia y Paz" deja por fuera la responsabilidad de Estado en el origen y consolidación paramilitar, y por lo tanto desconoce su participación por acción u omisión en los crímenes cometidos.
Transcurrido un año desde la aprobación de esta ley, los voceros de las comunidades de las diversas regiones del Magdalena Medio constataron que si bien algunos de los paramilitares se han desmovilizado, en lo esencial las estructuras del paramilitarismo permanecen intactas y se presentan a través de nuevas modalidades como empresas de vigilancia privada, guardabosques y fachadas para inversiones extranjeras y actividades comerciales. La desmovilización paramilitar fue utilizada además como una estrategia para lograr la reelección de Álvaro Uribe Vélez.
La Asamblea Regional de Víctimas observa que la ley de "Justicia y Paz" no ha repercutido en acciones de retorno de los desplazados, ni en la recuperación de los cinco millones de hectáreas de tierra cultivables que fueron robadas violentamente a los campesinos. Por el contrario, hoy en día los desplazados permanecen lejos de sus sitios de origen y viviendo en condiciones de marginalidad y miseria.
La persistencia de la acción militar-paramilitar se expresó antes y después de la contienda electoral reciente en una avalancha de amenazas y terror a organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y voceros de la oposición. En la actualidad, el país presencia escandalizado la oleada de asesinatos y delitos en que se ha visto envuelta la fuerza pública en su afán de entregar resultados para tratar de demostrar la supuesta efectividad de la política de "seguridad democrática".
El país reclama que se hagan públicos los acuerdos del gobierno y paramilitares, el listado de los 2 mil doscientos paramilitares que tienen órdenes de captura, y los delitos de los cuales se les acusa, para que las víctimas tengan la posibilidad de incidencia y seguimiento a este proceso. Es necesario que los vinculados a dicho listado sean capturados para que afronten el proceso correspondiente.
El país permanece sumergido en una preocupante crisis humanitaria, por lo que la Asamblea reclama la continuidad de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, manteniendo su mandato original.
Así mismo, las víctimas del Magdalena Medio exigimos al gobierno nacional la conformación de una comisión de seguimiento a los casos de desaparición forzada, la cual investigue la existencia de fosas comunes en la región.
La Asamblea Regional se hará presente en el Tercer Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, a realizarse del 7 al 9 de julio en la ciudad de Bogotá, con el mandato de definir nuevas estrategias de lucha contra la impunidad, reactivar el papel de las víctimas y consolidar organizativamente el Movimiento Nacional de Víctimas para que pueda jugar su rol en la recuperación de la memoria histórica y la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral.
Finalmente, la Asamblea Regional se pronuncia resueltamente a favor de la solución política negociada y los acuerdos humanitarios que posibiliten el intercambio de prisioneros de guerra y retenidos políticos. Así mismo, exige del nuevo parlamento la no aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC), por cuanto atenta contra la soberanía nacional, el desarrollo independiente del país y el nivel de vida de la población.
Dada en Barrancabermeja, el primero de julio de 2006.
Agencia Prensa Rural
El anterior escrito no refleja necesariamente la postura política e ideológica de EL MACARENAZOO, por lo tanto no se responsabiliza del mismo.
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