Marcela Vélez
Tribuna Roja Nº 105
Bogotá, octubre 8 de 2007.
En el transcurso del 2007, y como consecuencia de todas las políticas neoliberales implementadas desde 1993 con la expedición de la Ley 100, los colombianos hemos sido golpeados por el cierre de las clínicas del Instituto del Seguro Social, ISS, y la liquidación de su EPS, así como por el cierre y crisis de la red pública hospitalaria.
El ISS es la institución que mejor expresa la suerte de las mayorías perdedoras con el nuevo sistema de salud. Hace catorce años el Estado arremetió contra el ISS, que vinculaba a casi el 23% de la población, seis millones de trabajadores, para montar un negocio que lucrara al sector financiero. La campaña de desprestigio, la prohibición de nuevas afiliaciones, el mal manejo por parte del gobierno, entre otras medidas, generaron los problemas del ISS. La migración masiva de afiliados sanos y jóvenes a las EPS privadas provocó que en el ISS permanecieran el 80% de los pacientes con enfermedades de alto costo, que le cuestan $350.000 millones mensuales, y los pacientes de edad avanzada, que hoy representan 24% del total de sus afiliados. Además cambió la composición nacional del aseguramiento; hoy tenemos tres millones de afiliados en el ISS y 9.2 millones en EPS privadas. Empatando una medida con la otra, en el año 2003 el presidente Uribe y su ministro Palacios obligaron al ISS a dividirse en siete Empresas Sociales del Estado (ESE), quitándole su propia red de servicios, 37 clínicas y 204 centros de atención ambulatoria. Estas nuevas ESE corrieron la misma suerte que la red pública hospitalaria, la que hoy se encuentra cerrada o colapsada como lo evidencian los hospitales San Juan de Dios, Universitario de Caldas, el de Cartagena y muchos otros de menor nivel.
Ante la falta de pago por parte del Estado a estas ESE por la población vinculada atendida y la histórica deuda del gobierno nacional al Seguro Social, que en cálculos asciende a 70 billones de pesos, estas instituciones han sido llevadas a un punto de no viabilidad financiera.
En el proceso de liquidación de la EPS ISS, el pasado sábado 25 de agosto el ministro de la Protección Social, Diego Palacios, arremetió contra la ESE Luis Carlos Galán, asistió personalmente a la expulsión a la calle de los trabajadores de las clínicas San Pedro Claver, Carlos Lleras Restrepo, Misael Pastrana Borrero, la del Niño y otros 17 centros de atención ambulatoria vinculados al ISS en Bogotá, donde se atiende a unos 800 mil pacientes. Así como se había hecho en octubre del año pasado con las clínicas José María Campo Serrano, de Santa Marta, Enrique de la Vega, de Cartagena, y Los Andes, de Barranquilla, parte de la liquidada ESE José Prudencio Padilla y luego con la ESE Rafael Uribe Uribe en Antioquia, con el ISS en Duitama, Villavicencio, Ibagué y Sogamoso, así se hará con las ESE Rita Arango Álvarez del Pino y Antonio Nariño, lo que afectará a Manizales, Armenia, Pereira, Popayán, Pasto y Cali.
La masacre laboral ha sido y será aterradora en el ISS: los más de 12.000 trabajadores de las clínicas, centros de atención, de pensiones y riesgos profesionales, engrosarán las filas del desempleo y correrán la misma suerte que los trabajadores despedidos de los hospitales públicos, de Telecom, la Caja Agraria y las instituciones que han sido blanco de la política neoliberal.
En medio de la política de cierre de hospitales están millones de pacientes que no tienen institución a donde acudir, o solo cuentan con una atención inoportuna y de mala calidad. La liquidación del ISS, que cuesta alrededor de 800 mil millones de pesos, es de entrada una sentencia de muerte para los 45.000 enfermos de alto costo, que son rechazados por las otras EPS.
Lo más aberrante de todo esto es que Colombia es uno de los países latinoamericanos con mayor gasto en salud: alrededor de 16 billones de pesos se mueven en este sistema; dinero suficiente para dar cobertura universal, gratuita y de excelente calidad. Pero en la Ley 1122 de 2007, que reformó la Ley 100, en lugar de redistribuir los recursos y eliminar la intermediación financiera, que se lucra de la enfermedad de los colombianos, lo que hizo Uribe fue aumentar el dinero en el sistema para garantizarles e incluso mejorarles el negocio a las EPS.
Las EPS privadas se consolidan como grandes empresas en el país y sus utilidades siguen aumentando. Mientras tanto, la salud de los colombianos se deteriora cada día más, existe menor acceso real a los servicios, las condiciones laborales de los trabajadores de la salud son más precarias y hay un mayor atraso tecnológico y de infraestructura.
La organización, la educación y la movilización de los usuarios del ISS y del pueblo en general son necesarias, y quizás el único camino para lograr un adecuado sistema de salud, de cobertura total, gratuito y de excelente calidad. La indeferencia frente a esta problemática es cohonestar con el gobierno uribista y permitir que nos arrebaten un derecho esencial, el de la salud.
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El anterior escrito no refleja necesariamente la postura política e ideológica de EL MACARENAZOO, por lo tanto no se responsabiliza del mismo.
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