Se debate en el congreso un recorte presupuestal a cada región, la llamada Ley de Transferencias. En el siguiente artículo se muestra la cara histórica de la reforma.
POR: Octavio Quintero.
POR: Octavio Quintero.
La seguridad democrática se le ha convertido al gobierno nacional en una obsesión; en una compulsión irresistible en aras de la cual ha gastado cualquier cantidad de plata y, a juzgar por lo visto, seguirá haciéndonos la guerra a todos, por parejo, cueste lo que cueste.
Esa es la explicación escueta de la reforma que se intenta sobre las transferencias nacionales. Es un zarpazo a la economía y a la autonomía regional; no de cualquier tipo, sino en el sitio más sensible de la epidermis social: la educación, la salud y el saneamiento básico.
En síntesis, el gobierno nos está proponiendo menos inversión social y más guerra, así de sencillo. El debate abierto sobre las transferencias no es nuevo ni en los argumentos ni en los protagonistas. En el año 2001, el entonces ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, impulsó en el Congreso un primer recorte que, según un reciente informe de la Contraloría General de la República, le ha quitado a la fecha 6,4 billones de pesos a la educación; 2,5 billones a la salud y 1,97 billones al saneamiento básico. El entonces ministro de hacienda se salió con la suya, y aunque no se logró sanear el déficit fiscal, motivo principal de esa reforma impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI), sí le dio oportunidad al gobierno central de seguir jugando a la guerra con los recursos de los pobres.
Es conveniente recordar ahora, aunque ya no sea novedoso, la doble moral del presidente Uribe que en ese entonces, en 2001, siendo aspirante a la Presidencia, se opuso a la propuesta del ministro Santos y, hoy, como Presidente, apoya el nuevo zarpazo que, seguramente, ha sido propuesto nuevamente por Santos, hoy como ministro de ‘guerra’, porque eso es lo que es, un camorrero que cuando estuvo de la orilla económica le hizo el mandado al FMI y ahora en la orilla de la guerra le hace el mandado a los halcones de Washington.
Sin restarle importancia al efecto económico, al anverso de este debate a las transferencias, se plantea también, y de manera sustancial, una posición ideológica neoliberal, que consiste en seguir desmontando a trancazos la Constitución del 91, esa quinceañera más violada que la protagonista de “Sin tetas no hay paraíso”.
El asunto es que, así como a los socialdemócratas les gusta la descentralización, a los neoliberales les fascina la centralización porque en ella es que se sustentan sus ansias de poder omnímodo.
Tal vez, la Constitución del 91 adolece de sindéresis, pues intenta plasmar en su espíritu un Estado Social de Derecho en el que, el interés general se antepone al interés particular; pero, a renglón seguido, se declara la libertad de empresa y de mercado en donde el interés particular queda por encima hasta del Sagrado Corazón de Jesús, a quien se bajó del trono que ostentó por más de 100 años, desde la Constitución de 1886.
La Constitución del 91, desde el punto de vista político, fue un consenso que intentó zanjar las diferencias partidistas, incluyendo a los alzados en armas, especialmente el M-19 con el que se acababa de lograr la paz, aunque desde el punto de vista económico, según Hommes, fue un embeleco para distraer a la opinión pública y meter por la puerta de atrás, sin fisgones incómodos, la apertura económica.
Si la reforma a las transferencias nacionales, desde el punto de vista económico es un zarpazo a los recursos regionales, desde el punto de vista político es un avance neoliberal y por eso los parlamentarios que apoyan al gobierno, que supuestamente deben defender en principio los intereses de sus regiones, no se oponen porque están en la onda, es decir, son neoliberales que empujan el desmonte de la Constitución del 91, concretamente en aquellos puntos que van en contra de sus propias convicciones ideológicas como la descentralización administrativa y la autonomía regional.
Creo que en este debate algún papel importante jugamos los analistas que nos oponemos al régimen, pero, yo que llevo ya largos años dándole al tema, me parece que sin carne no hay paraíso: La gente tiene que echarse encima la responsabilidad de sofrenar este embate incontenible de la derecha en Colombia que habiendo ya concretado su poder económico en manos de unos pocos, entre los cuales la mayoría representa intereses extranjeros, ahora les resta consolidar en el papel de la Constitución su poder político en manos de unos dirigentes nacionales que, de vuelta, le juegan al neofascismo internacional.
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¿La fiesta nacional?
El anterior escrito no9 refleja necesariamente la postura política e ideológica de EL MACARENAZOO, por lo tanto no se responsabiliza del mismo. En la imagen (tomada de: http://www.mincomercio.gov.co/VBeContent/images/news/ImgNewsNo285821.jpg), negociadores de Colombia frente al TLC.
