DENUNCIA PÚBLICA.
Fundación Cese el Fuego.
El pasado 19 de diciembre, hombres en motocicleta exhibiendo chaquetas que los identificaba como agentes de la DIJIN se presentaron en la casa de la señora María Rodríguez, argumentando que existía un proceso por estafa en su contra y venían a comunicarle, con número de expediente en la mano, que estaba citada en la Fiscalía Sexta. Los hombres rápidamente le enseñaron sus credenciales, pero nunca se quitaron los cascos de motociclistas.
La señora María, sorprendida ante la noticia, pues nunca ha estafado a nadie en su vida, y bastante aturdida, accedió a suministrarles todos los datos que los hombres le solicitaron: Familia, hijos, teléfonos, direcciones y demás. Los supuestos agentes se ofrecieron a conducirla en forma inmediata ante la Fiscalía, pero María preocupada por el estado de salud de una hija, les informó que en el momento no podía ir con ellos porque sus familiares estaban pendientes de su comunicación, y por ello acordó que se haría presente al día siguiente a primeras horas de la mañana.
Sin embargo, esa misma tarde decidió acudir a la Fiscalía. Y la sorpresa fue enorme cuando le informaron que efectivamente el número de expediente que los hombres le habían entregado coincidía con un proceso a su nombre, pero en el cual ella era la demandante y el asunto no hacia referencia a estafa sino a calumnia, y había sido cerrado años atrás, después de lograrse la conciliación entre las partes implicadas. El fiscal le informó que ese no era el proceder de la Fiscalía, nunca enviaban notificaciones con hombres de moto y menos conducían a los citantes a las instalaciones de Fiscalía a menos que se tratara de una orden de detención. María, bastante perturbada accedió a entrevistarse con el Fiscal Doce, quien le informó lo mismo y le advirtió que estos podrían ser delincuentes. No obstante los hombres no dieron las más mínima señal de querer entrar a la casa, tampoco la requisaron ni la amenazaron directamente.
Es de resaltar que María Rodríguez es la viuda del Comandante Andrés Almarales del extinto movimiento guerrillero M-19, y quien fuera asesinado por efectivos del Ejército Nacional en el operativo de contratoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Este dato no es irrelevante y sobre todo si tenemos en cuenta, que desde la desmovilización de este grupo, varios ex integrantes del Eme, han sido asesinados, acosados, amenazados y perseguidos. Incluso en el mes de noviembre en algunas reuniones de carácter cerrado, se habló sobre un confirmado, según ex militantes, plan de persecución y hostigamiento que había hecho que varios de ellos recurrieran a la búsqueda del exilio o hubieran tenido que mudarse presurosamente de casa, barrio o incluso de ciudad. Es igualmente importante destacar, que en el mes de agosto, cuando María se encontraba fuera de la ciudad, de su casa desaparecieron misteriosamente varios archivos, documentos, disquetes y la impresión de un libro que se aprestaba a publicar.
Si tenemos en cuenta, las últimas imputaciones públicas que se han hecho contra el M-19 y sus miles de sobrevivientes a una oscura, silenciosa y poco publicitada guerra sucia y plan de exterminio que se viene ejecutando desde los 90´s, podremos entender de dónde provienen estás acciones y cuál es su fin. Por un lado, el informe preliminar de la Comisión de la Verdad para el caso del Palacio de Justicia, en el cual se realizaron infortunadas, irresponsables y malintencionadas afirmaciones, al querer presentar ante la opinión pública la lucha revolucionaria del Eme como una lucha homicida conducida por siervos de la mafia (afirmación fácilmente desvirtuable con un leve repaso de nuestra historia reciente), y si además tenemos en cuenta las reiterativas declaraciones del presidente Uribe acusando a la guerrilla M-19 de haber ejecutado actos de barbarie y terrorismo y de haber sostenido vínculos con la mafia, y aún así haber sido indultada y “perdonada”, sin duda con el objetivo de legitimar su fraudulento proceso de desmovilización paramilitar, el panorama se clarifica.
Es obvio que todas estas imputaciones, en contravía de la memoria histórica colombiana, buscan entre otras, generar un ambiente de zozobra e inseguridad para los combatientes desmovilizados, pese a las valerosas intervenciones de personajes destacados de la vida nacional, quienes como en el caso del ex Comisionado de Paz, Rafael Pardo Rueda, han afirmado que ninguno de los guerrilleros que participaron en la toma del Palacio, fueron indultados porque todos fueron asesinados, y dicha Ley fue aprobada por el mismo Congreso de la República, del cual hacia parte el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, sin que hubiese dejado constancia alguna de oposición al mismo. Nunca se ha demostrado que existiesen vínculos entre la mafia y la guerrilla M-19, que la toma fuese orquestada por los narcotraficantes, y siempre se ha sabido que los guerrilleros fueron indultados por delitos políticos, y que los demás, en un proceso de individualización de responsabilidades, vinculados a otro tipo de crímenes no fueron cobijados por la medida y terminaron en la cárcel cumpliendo severas condenas.
El presidente Uribe cree que deslegitimar un proceso de paz exitoso que trajo consigo el desarrollo de una Asamblea Nacional Constituyente, y la elaboración de una nueva Constitución más acorde con los valores y principios ciudadanos, le servirá para legitimar la turbia legalización que se intenta hacer de las oscuras fuerzas del paramilitarismo, donde no tendrán que devolver las tierras usurpadas a punta de motosierra y desplazamiento forzado de miles de familias, no tendrán que delatar sus rutas de tráfico de estupefacientes, de cuyas ganancias claramente se ha beneficiado el mismo presidente y varios miembros del Congreso, no tendrán que confesar todos sus crímenes, porque la ley de Justicia y Paz establece que si el olvido es intencional se les quitaran los beneficios, pero ¿hasta dónde se puede medir la intencionalidad o no de sus omisiones?, y además tampoco tendrán que pagar con penas privativas de la libertad, pues la irrisorias condenas estipuladas por crímenes de lesa humanidad van entre cinco a ocho años, descontándose el tiempo de tangencial permanencia delinquiendo en Santa Fe de Ralito, y en Itagüí, y seguramente se harán más rebajas por buen comportamiento y por colaboración a la justicia, con lo cual, los centros de reclusión campestres donde los piensan aislar, serán ocupados por muy corto tiempo si es que efectivamente son ocupados.
No se puede llegar al exabrupto histórico de considerar que un grupo revolucionario, formado por intelectuales, profesionales, campesinos y valientes ciudadanos idealistas que se negaban a vivir arrinconados bajo la dictadura homicida del bipartidismo, y cuyas acciones, algunas acertadas, otras equivocadas, buscaban una transformación estructural del Estado colombiano ofreciendo garantías sociales a las mayorías abandonadas, intimidadas e ignoradas, es igual a otro grupo nacido en las entrañas de la mafia, sin proyecto político, movidos sólo por afán de lucro y cobijado por los grandes terratenientes y gamonales regionales, dedicado a masacrar poblados, descuartizar y desplazar campesinos de modo brutal, a comprar la dirigencia política, a ejercer control territorial, económico, comercial y electoral, y en connivencia con las fuerzas del estado, encubiertos e impulsados por el presidente Uribe, a promover alianzas siniestras para el desarrollo de megaproyectos en las tierras con violencia arrebatadas.
Es necesario dejar constancia sobre el acoso de que son objeto los ex militantes del M-19, sobre el odio fraticida que promueve al mandatario, y dejar claro que tanto la seguridad de la señora María Rodríguez viuda de Almarales, como de los demás desmovilizados, son competencia del gobierno colombiano y por ello, es el directo responsable de lo que les pueda suceder.
El pasado 19 de diciembre, hombres en motocicleta exhibiendo chaquetas que los identificaba como agentes de la DIJIN se presentaron en la casa de la señora María Rodríguez, argumentando que existía un proceso por estafa en su contra y venían a comunicarle, con número de expediente en la mano, que estaba citada en la Fiscalía Sexta. Los hombres rápidamente le enseñaron sus credenciales, pero nunca se quitaron los cascos de motociclistas.La señora María, sorprendida ante la noticia, pues nunca ha estafado a nadie en su vida, y bastante aturdida, accedió a suministrarles todos los datos que los hombres le solicitaron: Familia, hijos, teléfonos, direcciones y demás. Los supuestos agentes se ofrecieron a conducirla en forma inmediata ante la Fiscalía, pero María preocupada por el estado de salud de una hija, les informó que en el momento no podía ir con ellos porque sus familiares estaban pendientes de su comunicación, y por ello acordó que se haría presente al día siguiente a primeras horas de la mañana.
Sin embargo, esa misma tarde decidió acudir a la Fiscalía. Y la sorpresa fue enorme cuando le informaron que efectivamente el número de expediente que los hombres le habían entregado coincidía con un proceso a su nombre, pero en el cual ella era la demandante y el asunto no hacia referencia a estafa sino a calumnia, y había sido cerrado años atrás, después de lograrse la conciliación entre las partes implicadas. El fiscal le informó que ese no era el proceder de la Fiscalía, nunca enviaban notificaciones con hombres de moto y menos conducían a los citantes a las instalaciones de Fiscalía a menos que se tratara de una orden de detención. María, bastante perturbada accedió a entrevistarse con el Fiscal Doce, quien le informó lo mismo y le advirtió que estos podrían ser delincuentes. No obstante los hombres no dieron las más mínima señal de querer entrar a la casa, tampoco la requisaron ni la amenazaron directamente.
Es de resaltar que María Rodríguez es la viuda del Comandante Andrés Almarales del extinto movimiento guerrillero M-19, y quien fuera asesinado por efectivos del Ejército Nacional en el operativo de contratoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Este dato no es irrelevante y sobre todo si tenemos en cuenta, que desde la desmovilización de este grupo, varios ex integrantes del Eme, han sido asesinados, acosados, amenazados y perseguidos. Incluso en el mes de noviembre en algunas reuniones de carácter cerrado, se habló sobre un confirmado, según ex militantes, plan de persecución y hostigamiento que había hecho que varios de ellos recurrieran a la búsqueda del exilio o hubieran tenido que mudarse presurosamente de casa, barrio o incluso de ciudad. Es igualmente importante destacar, que en el mes de agosto, cuando María se encontraba fuera de la ciudad, de su casa desaparecieron misteriosamente varios archivos, documentos, disquetes y la impresión de un libro que se aprestaba a publicar.
Si tenemos en cuenta, las últimas imputaciones públicas que se han hecho contra el M-19 y sus miles de sobrevivientes a una oscura, silenciosa y poco publicitada guerra sucia y plan de exterminio que se viene ejecutando desde los 90´s, podremos entender de dónde provienen estás acciones y cuál es su fin. Por un lado, el informe preliminar de la Comisión de la Verdad para el caso del Palacio de Justicia, en el cual se realizaron infortunadas, irresponsables y malintencionadas afirmaciones, al querer presentar ante la opinión pública la lucha revolucionaria del Eme como una lucha homicida conducida por siervos de la mafia (afirmación fácilmente desvirtuable con un leve repaso de nuestra historia reciente), y si además tenemos en cuenta las reiterativas declaraciones del presidente Uribe acusando a la guerrilla M-19 de haber ejecutado actos de barbarie y terrorismo y de haber sostenido vínculos con la mafia, y aún así haber sido indultada y “perdonada”, sin duda con el objetivo de legitimar su fraudulento proceso de desmovilización paramilitar, el panorama se clarifica.
Es obvio que todas estas imputaciones, en contravía de la memoria histórica colombiana, buscan entre otras, generar un ambiente de zozobra e inseguridad para los combatientes desmovilizados, pese a las valerosas intervenciones de personajes destacados de la vida nacional, quienes como en el caso del ex Comisionado de Paz, Rafael Pardo Rueda, han afirmado que ninguno de los guerrilleros que participaron en la toma del Palacio, fueron indultados porque todos fueron asesinados, y dicha Ley fue aprobada por el mismo Congreso de la República, del cual hacia parte el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, sin que hubiese dejado constancia alguna de oposición al mismo. Nunca se ha demostrado que existiesen vínculos entre la mafia y la guerrilla M-19, que la toma fuese orquestada por los narcotraficantes, y siempre se ha sabido que los guerrilleros fueron indultados por delitos políticos, y que los demás, en un proceso de individualización de responsabilidades, vinculados a otro tipo de crímenes no fueron cobijados por la medida y terminaron en la cárcel cumpliendo severas condenas.
El presidente Uribe cree que deslegitimar un proceso de paz exitoso que trajo consigo el desarrollo de una Asamblea Nacional Constituyente, y la elaboración de una nueva Constitución más acorde con los valores y principios ciudadanos, le servirá para legitimar la turbia legalización que se intenta hacer de las oscuras fuerzas del paramilitarismo, donde no tendrán que devolver las tierras usurpadas a punta de motosierra y desplazamiento forzado de miles de familias, no tendrán que delatar sus rutas de tráfico de estupefacientes, de cuyas ganancias claramente se ha beneficiado el mismo presidente y varios miembros del Congreso, no tendrán que confesar todos sus crímenes, porque la ley de Justicia y Paz establece que si el olvido es intencional se les quitaran los beneficios, pero ¿hasta dónde se puede medir la intencionalidad o no de sus omisiones?, y además tampoco tendrán que pagar con penas privativas de la libertad, pues la irrisorias condenas estipuladas por crímenes de lesa humanidad van entre cinco a ocho años, descontándose el tiempo de tangencial permanencia delinquiendo en Santa Fe de Ralito, y en Itagüí, y seguramente se harán más rebajas por buen comportamiento y por colaboración a la justicia, con lo cual, los centros de reclusión campestres donde los piensan aislar, serán ocupados por muy corto tiempo si es que efectivamente son ocupados.
No se puede llegar al exabrupto histórico de considerar que un grupo revolucionario, formado por intelectuales, profesionales, campesinos y valientes ciudadanos idealistas que se negaban a vivir arrinconados bajo la dictadura homicida del bipartidismo, y cuyas acciones, algunas acertadas, otras equivocadas, buscaban una transformación estructural del Estado colombiano ofreciendo garantías sociales a las mayorías abandonadas, intimidadas e ignoradas, es igual a otro grupo nacido en las entrañas de la mafia, sin proyecto político, movidos sólo por afán de lucro y cobijado por los grandes terratenientes y gamonales regionales, dedicado a masacrar poblados, descuartizar y desplazar campesinos de modo brutal, a comprar la dirigencia política, a ejercer control territorial, económico, comercial y electoral, y en connivencia con las fuerzas del estado, encubiertos e impulsados por el presidente Uribe, a promover alianzas siniestras para el desarrollo de megaproyectos en las tierras con violencia arrebatadas.
Es necesario dejar constancia sobre el acoso de que son objeto los ex militantes del M-19, sobre el odio fraticida que promueve al mandatario, y dejar claro que tanto la seguridad de la señora María Rodríguez viuda de Almarales, como de los demás desmovilizados, son competencia del gobierno colombiano y por ello, es el directo responsable de lo que les pueda suceder.
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El anterior escrito no refleja necesariamente la postura política e ideológica de EL MACARENAZOO, por lo tanto no se responsabiliza del mismo. Imagen tomada de: http://www.libertaddigital.com/fotos/noticias/im19colombia.jpg
