SE CIERRA PROCESO JUDICIAL CONTRA COMUNEROS INDÍGENAS DEL CAUCA.

Servicio noticioso – Número 147 – septiembre 16 de 2006

Equipo | Periódico El Turbiónhttp://http://www.blogger.com/img/gl.link.gif

“…Nuestra madre no es libre para la vida, lo será cuando vuelva a ser suelo y hogar colectivo de los pueblos que la cuidan, la respetan y viven con ella y mientras no sea así, tampoco somos libres sus hijos. Todos los pueblos somos esclavos junto con los animales y los seres de la vida, mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad”

Firmes en el propósito de recuperar la madre tierra, los miembros de las comunidades indígenas, campesinas y negras del Cauca realizaron, entre octubre y noviembre del año anterior, una actividad reivindicativa, usando vías de hecho para ocupar la hacienda El Japio del municipio de Caloto al norte del departamento.

El anhelo por la Reforma Agraria y por el cumplimiento de viejos acuerdos que el Gobierno Nacional insiste en olvidar, retrazar o empapelar –tal vez, en espera de que se cumplan los términos del año fiscal o se apruebe la Ley de Desarrollo Rural, hechos que imposibilitarían mucho más que las comunidades reciban lo que les corresponde–, obligaron la realización de estas acciones por parte de las comunidades.

La conocida respuesta de las autoridades civiles y militares no se hizo esperar. Hubo ataques por parte de la fuerza pública y los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), enfrentamientos y cientos de personas heridas, detenidas, golpeadas y hasta toruradas o muertas, como en el caso del joven Belisario Camayo Gûetoto. Demostrando que poco o nada importan, para las autoridades del orden nacional y regional, los justos reclamos de la comunidad.

A pesar de que se logró, entonces, ratificar los acuerdos de adjudicación de tierras, el incumplimiento continúa hasta la fecha y, lo que es peor, algunos líderes de estas comunidades fueron vinculados a un proceso judicial bajo los cargos de invasión de tierras y daño en bien ajeno, ubicándolos en una lista que aumenta la estigmatización de la que son víctimas por reclamar sus derechos.

El miércoles anterior, 6 de septiembre, 17 líderes y comuneros indígenas, fueron llamados a rendir indagatoria en las instalaciones de la Fiscalía Local de Caloto, donde fue interpuesta la querella por parte de los propietarios del predio. Ante esta acción judicial, que afecta a las comunidades en general, hicieron presencia en el lugar representantes de diferentes organizaciones indígenas, como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Asociación Indígena del Cauca (AIC); de la población campesina, como la Asociación Nacional de Ususarios Campesinos (ANUC), y de las negritudes, así como defensores de derechos humanos y una veeduría internacional, quienes asistieron al lugar con el fin de apoyar a las personas señaladas y evitar que se cometiera una nueva injusticia.

Así, las comunidades y sus organizaciones se hicieron presentes ante la sede del ente acusador con la disposición de exigir respuestas concretas que permitieran aclarar la situación, toda vez que no existían pruebas de la culpabilidad de los sindicados. “Esas son las políticas de Estado que se vienen implementando no sólo en el Cauca sino en todo el país, hoy le toca a los compañeros indígenas afrontar este tipo de actos en contra de los líderes que luchan por mejorar las condiciones de vida de sus comunidades”, afirmó Guido Rivera, presidente de Fundecima, quien agregó que “…el Estado negocia con asesinos y narcotraficantes, como son los paramilitares, pero judicializa a la gente que lucha por un bienestar social”.

Las capturas masivas y la judicialización colectiva que por primera vez se da en este sector del Cauca, hacen parte del paquete de 'Seguridad Democrática' que tiene el actual gobierno para las comunidades. Según Edier Gruesso, miembro directivo de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos del Cauca (ANUC-UR), “a nivel nacional hay una política que quiere acabar con la movilización social y las comunidades están preparándose, desde ya, para salirle al paso a esta situación, a través de la movilización y reclamando el derecho a la libre expresión y a la libre protesta, como lo indica la Constitución Nacional”.

Y es que tras la justificación de la ley, que indica sanciones a quienes atenten contra la propiedad privada, está la necesidad de acallar las voces y apagar las luchas que perjudican los intereses de los terratenientes y los ricos del país. Según la abogada Soraya Gutiérrez, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, es evidente que “este proceso va más dirigido a tratar de criminalizar, de judicializar los procesos de lucha y resistencia que han venido librando las comunidades indígenas y a tratar de utilizar el aparato de justicia a través de ese tipo de denuncias para limitar, impedir e inmovilizar sus acciones”.

Ante estas estrategias, las del pueblo también dan sus resultados. Es así como las más de 500 personas que se movilizaron pacíficamente, acompañando a los 17 comuneros indígenas hasta la puerta de la fiscalía, logró suavizar los ánimos de la parte denunciante y fortalecer un clima de conciliación. “Es importante el proceso de acompañamiento que han venido haciendo las comunidades. No se trata, solamente, de un tema entre personas y abogados y el aparato de justicia, sino que tiene que haber un acompañamiento de presión social, que eso sin duda alguna ayuda a que, en el futuro, no se siga limitando este proceso a través de la judicialización”, afirmó Gutiérrez tras la terminación de la diligencia que dejó como resultado la conciliación y el compromiso por parte de los indígenas de no volver a ocupar esos predios y por parte de la sociedad propietaria de la hacienda El Japio de retirar los cargos. La fiscal local de Caloto, Amparo Plaza Muñoz, confirmó que el caso queda cerrado y no continuará el proceso de judicialización que, entre otras cosas, no tenía suficiente material probatorio.

Pero los incumplimientos por parte del Gobierno Nacional continúan y, muy seguramente, junto a ellos también lo harán las movilizaciones de las comunidades. Aparicio Ríos, consejero mayor del CRIC, dijo al respecto que “debe haber un entendimiento entre los dueños de las fincas y los pueblos indígenas: aquí hay una situación de incumplimiento por parte del gobierno con los acuerdos que se han hecho y estos incumplimientos llegan a generar situaciones de hecho, como las que se han presentado, entonces, hasta que el gobierno realmente no cumpla, yo creo que los pueblos indígenas se van a seguir moviendo”. Adicionalmente, señala que la vía del diálogo es la preferida para buscar solución a la problemática de las comunidades: “hay que seguir conversando y dialogando, no solamente con los dueños de predios sino también con las autoridades y con el alcalde de aquí de Caloto, creo que a través del diálogo, a través del entendimiento, podemos generar esta vía de proceso concertado”, dijo finalmente Ríos, quien ratificó la decisión de su pueblo de continuar en la lucha por recuperar la Madre Tierra.

Unidos por la madre tierra:

En este espacio de solidaridad y acompañamiento se pudo comprobar que son falsas las declaraciones de las autoridades y de algunos medios de comunicación, que afirman un supuesto enfrentamiento constante entre comunidades indígenas, negras y campesinas por el tema de la tierra. El Turbión dialogó con líderes de los sectores allí presentes y pudo constatar todo lo contrario.

En declaraciones de Eider Gruesso, miembro directivo de la ANUC-UR de Cauca, ofrecidas a este medio una vez terminada la diligencia judicial, nos precisaba que, a pesar de “lo que el Gobierno Departamental y algunos medios han informado, diciendo que los campesinos e indígenas estamos enfrentados”, la situación real no es ésta sino que “en la práctica, es cada vez más la unión de campesinos e indígenas y en ningún momento estaremos planteándonos como campesinos en contra de las luchas indígenas: sabemos que es la lucha por la tierra y la tierra es para los campesinos e indígenas”.

Por su parte, Elí Cuadros, coordinador de Uoafro, afirmó que “este día pasará a la historia porque los medios de comunicación dirán que la unión entre las comunidades indígenas y todos sus cabildos, y la Organización de Unidad de comunidades Afro a nivel del Cauca, ha servido para hacernos presentes y decir que aquí estamos, aunque el Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental y los gobiernos locales quieran desconocer la realidad de nuestros procesos, queremos decir, no solamente hoy, que seguiremos: no importa que intimiden a nuestros lideres”. Estas palabras quedaron más que demostradas en la presencia que hicieron comunidades campesinas y afrocolombianas para acompañar a los comuneros indígenas.

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Tensa calma en la Sierra: situación del Pueblo Kankuamo

El anterior escrito no refleja necesariamente la postura política e ideológica de EL MACARENAZOO, por lo tanto no se responsabiliza del mismo. Imagen 1: Más de 500 personas de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas del Cauca participaron del acompañamiento a los consejeros acusados del cargo de "invasión y daño de bien ajeno". Imagen 2: José Buenaventura Díaz, consejero mayor del CRIC, es uno de los 17 sindicados y afirmó que “no tenemos ningún compromiso con ellos, siempre hemos dicho que estamos mandados por las autoridades indígenas específicamente y las asociaciones de cabildos". Imagen 3: Blanca Andrade, líder indígena Paez, rechazando las acusaciones sobre ella y otros dirigentes de estos pueblos originarios.