Fundación Cese el Fuego
Casi veintiún años después de haberse producido el holocausto del Palacio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, que desde el año pasado viene investigando exhaustivamente el caso, decide reabrir el proceso y vincular oficialmente al entonces, comandante del B-2 de la Décima Tercera Brigada del Ejército, coronel en retiro Edilberto Sánchez Rubiano, el nuevo desaparecido en este oscuro capítulo de la historia nacional, porque hasta la fecha nadie conoce su paradero, ni siquiera si será localizado, conducido o se presentará por voluntad propia ante la Fiscalía para responder por los delitos de secuestro y desaparición forzada.El Coronel ya había sido investigado disciplinariamente por la desaparición de la guerrillera y estudiante de leyes Irma Franco Pineda durante la toma del Palacio de Justicia y la Procuraduría General ordenó su destitución en 1990, pero la Justicia Penal Militar lo absolvió en 1994 argumentando que no existían pruebas para responsabilizarlo por estos hechos. Es decir, que ni las declaraciones de testigos bajo juramento, ni las denuncias que por torturas presentaron los estudiantes Yolanda Santodomingo y Eduardo Matzón, ni las confesiones de soldados y oficiales como la que rindió el soldado Edgar Moreno Figueroa, custodio de la guerrillera durante su detención, ante la Procuraduría y jueces de instrucción indicando su condición, ni la declaración de varios testigos que vieron salir a Irma Franco del Palacio y luego, acosada por soldados llevada a la casa del Florero y más tarde subida a la fuerza a un vehículo particular sin que se volviera a tener noticia sobre su paradero, ni los anónimos recibidos por los familiares dando cuenta sobre la suerte de sus seres queridos, ni el registro fílmico y fotográfico de los medios de comunicación de la época, ni siquiera las reveladoras infiltraciones a las comunicaciones militares donde se escucha con claridad cuando Arcano 2 (Sánchez Rubiano) le informa a Arcano 5 (Bernardo Ramírez) y a Arcano 6 (Arias Cabrales) tener en su poder a una abogada plenamente identificada en referencia a Irma Franco, ni la interceptada frase aquella de «desaparecida la manga, desaparecido el chaleco», fueron suficiente para determinar su responsabilidad. Pero eso fue hace veinte años; hoy el empolvado y con insistencia divulgado video por parte de los familiares, las fotografías mil veces enseñadas, las declaraciones infinitamente repetidas, se convierten en prueba irrebatible de la supervivencia del personal de cafetería; pero no sería extraño, que como en aquella época, los militares repitan que ellos eran cómplices y nunca más aparecieron porque la guerrilla, que ni siquiera pudo salvarse a sí misma, se los llevó. O como el mismo Coronel Sánchez, cuando respondió a los interrogatorios de los familiares de Lucy Amparo Oviedo diciendo “No tenemos presos y para su conocimiento les informo que los nueve empleados de cafetería, todos son del M-19, se fueron, cogieron monte y ahora dicen que nosotros los tenemos”.
El Fiscal General, Mario Iguarán, afirmó ante los medios, tener pruebas contundentes que demuestran que al menos 11 de las personas declaradas como desaparecidas, salieron vivas del Palacio de Justicia hace 20 años. Su declaración, en cierta medida, se relaciona con el video de la televisión española, en el cual aparece sin lugar a dudas, el administrador de cafetería, Carlos Augusto Rodríguez Vera saliendo ileso del Palacio y fuertemente custodiado por un agente junto a otros civiles que apuntados con fusiles son conducidos a la Casa del Florero, sitio donde transitoriamente se montó una unidad de inteligencia del ejercito para identificar a los guerrilleros que lograran salir del Palacio, realizar interrogatorios y coordinar los detalles del operativo de contratoma.
El video reina no es nuevo, ese material sumado a otros registros igual de reveladores, a declaraciones oficiales y extraoficiales y valientes testimonios de testigos, han sido de conocimiento de los entes competentes desde siempre, lo que demuestra que las políticas de encubrimiento, de dilatación de procesos obligando a la prescripción de varios de ellos para garantizar impunidad, como en el caso del general Jesús Armando Arias Cabrales, las amenazas y la subestimación de las evidencias condenatorias a lo largo de estos veinte años, sólo buscaban reafirmar una política de Estado oscura, excluyente y ante todo cómplice de atrocidades.
El presidente Belisario Betancur sigue siendo llamado por la historia para asumir a cabalidad la responsabilidad que, pasadas unas horas de la hecatombe, dijo estar dispuesto a asumir y que por jerarquía y designación popular, le correspondía afrontar, aún cuando se retractara tiempo después bajo la cínica disculpa de no comprender nada sobre estrategias militares. Colombia intuye que al presidente le dieron un golpe de Estado jamás declarado, que se plegó al militarismo para poderse sostener en su silla manchada con la deshonra y la traición, que a nombre del Estado decidió sacrificar a la justicia de un país y a sus más ilustres servidores para perpetuarse en el poder. Sin embargo y después de tanto tiempo, cuando moralmente este gobierno ha sido condenado, al menos parcialmente, tanto por estos hechos como por la anunciada tragedia del Nevado del Ruiz, ocurrida una semana después de Palacio y ante la cual no supo actuar a tiempo, ¿por qué continuar ocultando una verdad de Estado que a todos nos corresponde conocer?. ¿Por qué negar hoy en día aquella tremenda afirmación hecha por el mandatario en público, según la cual la verdad sobre los hechos se daría a conocer a través de un libro póstumo, del que por supuesto se lucrarían sus herederos? ¿Será la actitud del presidente consecuente con aquella siniestra afirmación suya, que hiciera pública Juan Manuel López, al decir que para «Ser buen gobernante, hay que ser buen carnicero»? A toda Colombia, no sólo a las victimas de la masacre del Palacio de Justicia, nos deben la verdad, y para conseguirla no basta la denuncia mil veces repetida o la buena voluntad, se requieren de actos concretos y acciones decididas que demuestren que aún es posible creer en la justicia y las instituciones que la representan, que aún este país tiene salvación posible.
Esta nueva voluntad que manifiesta el Fiscal General y la fiscal delegada que adelanta el proceso, bien pudiera obedecer a la imperiosa necesidad que tenemos los colombianos de conocer la verdad sobre nuestro pasado histórico y superar la tremenda afirmación de Antonio Caballero cuando decía que «Colombia es el país de los asesinados sin asesinos», o al menos así queremos pensarlo, y no que esta nueva acción se constituye en una cortina de humo que intenta desviar la atención sobre los nuevos casos de complicidad estatal en crímenes de lesa humanidad, encubrimiento oficial y desprecio por la justicia como se evidencia en la mal llamada ley de justicia y paz. Tampoco queremos creer que este proceso encierra un trasfondo político, cuyo interés no es sólo frenar la posible actuación de una Corte Internacional en lo concerniente a la desaparición forzada, sino incriminar a los antiguos miembros del M-19, desconociendo el indulto y la amnistía- los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables argumentan las partes-, pretendiendo ignorar que la gran mayoría de los guerrilleros que participaron en la toma fueron ejecutados con tiros de gracia como se evidencia en los estudios forenses, otros en combate, pero todos, a excepción de una guerrillera muerta hace dos años, perecieron en la acción o bajo tortura en dependencias militares al igual que los ocho empleados de cafetería, las dos visitantes y la proveedora de pasteles.
Las próximas declaraciones que posiblemente rendirá Virginia Vallejo, la ex amante del capo Pablo Escobar, ante la Fiscalía, al parecer apuntan en el sentido de vincular a los guerrilleros del M-19 con la mafia, cosa que en su momento fue descartada por el Tribunal Especial creado mediante decreto 3300 de 1986 para esclarecer estos hechos, aunque el ex ministro Parejo González, sostenga que pese a los resultados de las investigaciones, y a su amistad con el comandante guerrillero Andrés Almarales, tiene la convicción personal de que dichos vínculos fueron una realidad.
Ahora aparece en el escenario un nuevo protagonista de la oscura historia, se trata del capitán en retiro de la Policía, Hugo Ferreira, quien voluntariamente declara, casi 21 años después, ante la Fiscales y los medios, que es verdad, la policía y el ejército si torturaron y desaparecieron civiles. A él seguramente se sumarán otros agentes, quizás algunos bajo el anonimato para escupirle al mundo lo que ya la conciencia les impide guardar por más tiempo; y con esta esperanzadora oportunidad que se le abre a la justicia colombiana, y sobre todo a los familiares de las victimas que tanto han batallado para se conozca la suerte que corrieron los desaparecidos, y para que el país sepa, si efectivamente, como se presume, la muerte de los magistrados y de cerca de 100 civiles, se produjo de forma intencional como el incendio, con el fin de arrasar con una Corte Suprema comprometida con la defensa de los derechos humanos, un Consejo de Estado acusado de ser títere del comunismo, y una guerrilla insoportablemente popular para el establecimiento. Es de esperar entonces, que la Fiscalía, la mal llamada Comisión de la Verdad de la Corte y los testigos capaces de aportar al esclarecimiento de este hecho, sepan responder a este nuevo reto histórico para resucitar la justicia como ideal social y evitar que como siempre, la impunidad sea el destino infame de nuestra tragedias nacionales.
Han pasado sólo algunos días desde que se desató el escándalo del video, veremos si efectivamente esto conduce a la verdad y a la justicia que tanto reclaman los directos afectados del magnicidio, y que por supuesto no puede reducirse al caso del Coronel Sánchez Rubiano, sino que debe incluir también al entonces coronel Alfonso Plazas Vega, a quien directamente se refiere la declaración Gamez Mazuera y otra suministrada de forma anónima por varios oficiales donde lo acusan de ser el directo responsable en las torturas contra Carlos Rodríguez, y como comandante de la Escuela de Caballería, sitio donde se presume se realizaron algunas de las torturas y ejecuciones; el teniente coronel Carlos Albero Fracica Naranjo, quien fue señalado por el oficial Yesid Cardona de haber ordenado la conducción del personal de cafetería a la Casa del Florero, el coronel Bernardo Ramírez (Arcano5), el general Jesús Armando Arias Cabrales (Arcano 6) destituido y absuelto recientemente; el mayor general en retito Rafael Samudio Molina comandante del Ejército Nacional ( Paladín 6), el brigadier general José Luis Vargas Villegas, el general Víctor Delgado Mallarino (director de la Policía Nacional), quien aún cuando al parecer no tuvo relación directa con los desaparecidos de Palacio, provocó la tragedia del cuarto piso, mintió ante el consejo de ministros y además era el responsable junto al director del Das, Miguel Alfredo Maza Márquez -también señalado de forma no oficial por otros casos de torturas-, de la vigilancia del Palacio, y sin embargo ninguno de los dos ha dado explicaciones satisfactorias sobre las razones por las cuales las urgentes medidas de seguridad establecidas en el consejo de seguridad del 30 de septiembre de 1985, fueron retiradas un día antes de la toma, ni porque dos oficiales de la policía mintieron en sus declaraciones al asegurar que el retiro fue ordenado por el inmolado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, en una fecha en la cual, éste se encontraba fuera de la ciudad.
Si es genuina la voluntad de la Fiscalía de llegar a la verdad de los hechos que rodearon la tragedia del Palacio de Justicia, y sancionar ejemplarmente a los torturadores y homicidas, es necesario entonces que se tenga en consideración varios elementos de análisis y de contexto histórico con el fin de dar repuesta a los innumerables vacíos que hasta la fecha dejan las investigaciones, se revisen pruebas y testimonios intencionalmente descartados y que junto al coronel en retiro Edilberto Sánchez Rubiano, sean llamados los demás altos mandos militares, oficiales, soldados y agentes encubiertos del B-2 e inteligencia militar, incluso el misterioso Jorge Arturo Sarria, más conocido como Rambo.
No basta con que públicamente- aunque es un avance- se reconozca lo que los familiares ya sabían, que sus seres queridos salieron vivos del Palacio, tampoco que se vincule oficialmente a un alto miembro de la cúpula militar y que todos los medios de comunicación revivan el caso hablando de torturas y excesos militares; es necesario que hayan resultados claros y se apliquen sanciones ejemplares.
El anterior escrito no refleja necesariamente la postura política e ideológica de EL MACARENAZOO, por lo tanto no se responsabiliza del mismo.
