En el presente escrito se abordan los hechos más relevantes sobre la situación estructural de la Macarena A, sede de la Facultad de Ciencias y Educación de la UD. Que los fallos judiciales y los estudios técnicos no se conviertan en la excusa perfecta para fragmentar le movimiento estudiantil. Es necesario hacer un análisis de mayor profundidad; este texto sólo es un facilitador.G.A.C.R.
En el año 2005, los estudiantes de la sede de la Macarena, Facultad de Ciencias y Educación, de la Universidad Distrital, marcharon en protesta por el traslado de parte de sus compañeros a otro lado de la ciudad; la licenciatura en educación artística (LEA) era la afectada, pues la administración de ese entonces decidió trasladarla a un edificio alquilado a la universidad Antonio Nariño. Pese a los reclamos del movimiento estudiantil, la carrera fue trasladada a dicha sede ubicada en las alturas de la calle 51, en una construcción que colindaba con los cerros orientales. Un par de semestres después regresaron los estudiantes de LEA, pero, casi sin contemplar otras posibilidades y a decreto, los estudiantes de la licenciatura en matemáticas fueron desplazados, casualmente a otra sede de la Universidad Antonio Nariño, sobre la carrera 30 con calle 67, donde aún hoy se encuentran. En su momento, la opinión de los estudiantes no fue tenida en cuenta, y según los sondeos realizados en ese entonces el 90 % estaba indignado, rechazaba, o no entendía la medida. Por otro lado, la carrera de Administración Deportiva, perteneciente a la Facultad de Recursos Naturales, o El Vivero, como se conoce más, fue trasladada desde hace un par de años a la sede de la universidad de la calle 34 con carrera 13, donde antes funcionaban los postgrados y parte de la licenciatura en lengua castellana.
Con estos escalonados desalojos la administración muestra que siempre ha favorecido las medidas de segregación del movimiento estudiantil; y al parecer se apoya de los estudios y documentos oficiales alrededor de la sede o sedes para tomar sus decisiones, sin tener en cuenta el sector de la comunidad universitaria, que es en su esencia la verdadera universidad, más que la mera infraestructura.
En ese orden de ideas, es importante considerar que lo que hoy nos convoca no es un problema nuevo, es una práctica que se ha vuelto recurrente en la institucionalidad. Así, en el año 2003, el profesor Alfonso Suárez Gómez, solicitó un derecho de petición a la universidad, en el siguiente sentido: “Se solicita que se investigue la situación de habitabilidad, condiciones higiénicas, contaminación, ruido excesivo, etc., del edificio de la sede la Macarena A; se tomen las medidas pertinentes y urgentes en los frentes que así lo requieran, para impedir que se continúen presentando los estragos sobre la salud de los que allí laboran; informar de la problemática sin que hayan tomado acciones necesarias de solución, asimismo se den alternativas de solución.” Puesto que su derecho no fue contestado, en el mismo año, Suárez instauró tutela exigiendo respuesta; desde ese entonces, con sus distintos matices, hay un proceso abierto en el Juzgado 26 Civil Municipal. La orden del juez en la tutela reza: “(se obliga a la universidad) dar respuesta clara y completa a cada una de las peticiones formuladas por el accionante (o demandante, Alfonso Suárez Gómez)”, en un término de diez días. El 21 de octubre de 2003 el entonces rector Ricardo García Duarte responde al accionante. Se debe tener en cuenta lo que dispone la corte constitucional como “Derecho de Petición”: Según la Sentencia T-363/97, el derecho de petición hace referencia a una “resolución oportuna, clara y precisa. Las autoridades tienen la obligación de responder de manera oportuna, clara y precisa las peticiones que ante ella se formulan. En efecto, la demora en responder o las contestaciones evasivas, vagas, contradictorias, y en general todas aquellas que tiendan a confundir al interesado violan el derecho fundamental de petición.” Así pues, lo que años después vino a expresar Carlos Javier Mosquera, rector encargado, como una respuesta óptima del derecho de petición en el sentido de que se solicitaba un informe de la administración, y no una puesta en marcha inmediata de las obras a que diera lugar, es coherente. Es decir, no había argumentos para instaurar otro derecho de petición en el mismo sentido o rechazar la respuesta del accionado (demandado, la Universidad Distrital).
Alfonso Suárez Gómez curiosamente llegó con artimañas a ser decano de la Facultad, en el periodo 2006-2007. Pese a que había demostrado un gran interés por los problemas de la infraestructura de la Macarena A, según lo ya descrito hasta ahora, fue en su periodo donde la licenciatura en matemáticas fue desplazada, y alejada, de la universidad, a tal punto que ahora parece más un escollo que una carrera; ya pocos se acuerdan de lo que significa este pregrado. En su periodo, Suárez no realizó ni contempló la solución al problema que años antes en su calidad de profesor demandó; su hermetismo, silencio y ocultamiento fueron una constante. ¿Será que su interés ciudadano emanado en una tutela tenía un fin claramente político, de ascenso, burocrático? Antes de terminar se periodo, al cual fue elegido con los votos de los profesores, excluyendo a los estudiantes de facto a verse representados o impedir por lo menos su ascenso, el 31 de octubre de 2007, radica, de nuevo en el mismo Juzgado 26 Civil Municipal, la demanda que a la postre se va a abrir con el nombre de “Incidente de Desacato”. Considera Alfonso Suárez Gómez que la universidad no cumplió el fallo de tutela del año 2003 porque “han transcurrido más de cuatro años, sin que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas haya situado las partidas presupuestales necesarias para hacer efectivo el reacondicionamiento (…) como tampoco existe asignación presupuestal para alquilar una nueva sede o para adquirir otro predio o predios a donde trasladar la Sede A La Macarena de la Universidad.” Así, el Juzgado 26 Civil Municipal resuelve “Abrir Incidente de Desacato en contra del representante legal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (…) por no cumplir con el fallo de tutela de fecha 6 de octubre de 2003.” En su acérrimo ataque contra toda organización estudiantil y profesoral, incluso, Alfonso Suárez, no se detuvo un poco por lo menos a impulsar desde su despacho la partida presupuestal que, al final de su periodo como decano, demandó. Su accionar deja serias dudas, ¿por qué antes de salir coloca, de nuevo, contra las cuerdas a la universidad? Y su interés no es demandar al representante legal de la universidad, por ejemplo, sino fragmentar el movimiento estudiantil, a eso propugna un desalojo: A separar aún más la conciencia libre pensante de la juventud distritalina. No es tampoco un discurso particular, es un discurso que desde años atrás ha manejado el Estado, el sistema represivo, en todos los entes base del cambio, la educación; por ejemplo, la situación de reforma que se impulsa hoy en la Universidad Nacional y que ha generado sendas protestas de los estudiantes, es muestra de ello; la criminalización a nivel global del movimiento estudiantil, que este mes de mayo recuerda la acción parisina del 68, y del cual tenemos ejemplos que nos caen como anillo al dedo: Media docena de estudiantes de Antioquia y Valle retenidos y acusados de rebelión y terrorismo; una estudiante mexicana encontrada en el campamento de Raúl Reyes, y varios compañeros asesinados en la incursión colombiana a Ecuador, utilizados como señuelos en su país para conjurar todo grito de inconformismo; estudiantes asesinados en los últimos años en distintas partes del país (Oscar Salas, en la Nacional, por ejemplo, estudiante de la Universidad Distrital, en el 2006); un política de guerra contra la educación popular implementada por los para uribistas y legitimada por los medios masivos de desinformación.
Dentro de las respuestas que da la Universidad frente al Incidente de Desalojo, dadas por el rector encargado Carlos Javier Mosquera, está el planteamiento según el cual el señor Suárez era conocedor de primer mano de la situación real de la institución, es decir, conocía por qué no habían recursos para realizar un reacondicionamiento de la sede: “Era decano de la Facultad de Ciencias y Educación de la universidad y miembro del Consejo Académico.” Si Alfonso Suárez conocía dicha situación de déficit presupuestal, situación aplacada con la obtención el año pasado de los recursos de la estampilla de la Distrital, ¿por qué antes de salir de su cargo demanda la universidad? Realmente cabe preguntarse cuál es su interés de fondo.
Adyacente al proceso judicial, varios estudios se han adelantado sobre el estado de la sede; algunos sólo técnicos y otros que apuntan a una intervención de la zona para ampliar la sede. Así, la firma R. Maldonado Ingenieros E.U., hizo un estudio específico sobre la edificación en 2003, concluyendo “que el edificio de la Universidad Distrital Sede La Macarena se encuentra en buen estado y su comportamiento geotécnico es aceptable (…) No puede decirse lo mismo de las baterías de baños anexas (Costado Norte). Es muy posible que la batería norte haya sido cimentada, no sobre la arcillolita, sino sobre suelo cohesivo blando sobre relleno, lo que explicaría la separación observada en la junta con el edificio principal y los agrietamientos internos que se presentan.” De acuerdo a la inspección geotécnica de la firma de ingenieros, es urgente reestructurar la batería de baños del costado norte, que a estas alturas ya está totalmente separada del edificio, en conjunto con una parte de Bienestar, y un fragmento de los laboratorios de Física; pero el resto de la sede no merece una atención urgente. Según lo expresó la administración, en el año 2005, en EL MACARENAZOO, se tiene que hacer un reforzamiento estructural de la sede, por fases (definidas por bloques de la sede y población que regularmente los ocupa): Tres en total, lo que obligaría a que igual número de veces, una parte de la población universitaria se vaya de la sede; a la larga esto fragmentaría el movimiento estudiantil. El arquitecto contratado por la universidad, dijo, hace dos años, que los trabajos en la edificación por fase no pueden tardar más de un año. ¿Será eso cierto? ¿Cuáles serían las garantías reales de un posible retorno? ¿Acaso, no es esta la misma fórmula utilizada en su momento con la licenciatura en matemáticas, hoy en día tan alejada del libre flujo del debate intelectual, político y académico que se origina en un campus universitario?
Una premisa importante, una posición aceptable de todo estudiante, en este punto, es no preguntarse a dónde nos iríamos con un posible desalojo; es más, ni siquiera conceptualizar la palabra “abandono”; por el contrario, en estas circunstancias, es imprescindible mantener la unidad y al unísono reclamar por la no fragmentación. El arraigo con la sede no se refleja en una relación simbiótica con el edificio, con la infraestructura, sino con el movimiento estudiantil, y la conciencia libre pensante de la comunidad universitaria. Así pues, la premisa que toca enarbolar es la de la unión; quitarse la venda del interrogante (“¿a dónde nos llevarán?”), y estar al tanto de las instancias técnicas y judiciales que puedan ser utilizadas como excusa, ahí sí, para el desalojo.
Según el mismo “Incidente de desacato”, el reforzamiento estructural de la sede costaría 11 mil millones de pesos y la compra de una nueva sede, 16 mil millones. El presupuesto destinado para la Macarena, en el presente periodo, es de 0.8%, aproximadamente, del presupuesto total de la universidad, 190 mil millones de pesos. La Facultad de Ciencias y Educación, no podría acarrear ni siquiera con una octava parte del rubro que se necesita para readecuar la sede, incluso utilizando todo su presupuesto. Esta situación, donde una sede tan importante, no tiene ni siquiera el 1% del presupuesto total de la universidad, conduce a pensar en un abandono total por la sede, por parte de las administraciones de turno, no sólo las directivas de la UD, o el Consejo Superior Universitario, sino en la incuria de la misma Alcaldía Mayor de Bogotá; la administración distrital ha ahondado el problema al no asumir su responsabilidad política con la universidad en sí; al dejar la Macarena, como dicen en los pasillos, como “la cenicienta de la Distrital”, o, peor aún, tratarla como un “caso especial”, según se ha comentado en las reuniones internas del gabinete con las directivas universitarias. En un día, Trans Monopolio (TM), mejor conocido como Trans Milenio, percibe en pasajes, la exorbitante cifra de 19 mil millones de pesos, debido a su alto costo pagado en su mayoría por la clase obrera, estudiantes y, en general, los habitantes de los estratos más golpeados por el sistema; esta cifra que se genera, ojo, en un día, podría no sólo readecuar la sede sino comprar otra, dependiendo en qué se use, y sobrarían incluso 8 mil millones o 3 mil millones respectivamente. Esta reflexión también toca generarla en la comunidad universitaria; el debate no sólo se centra en las cuestiones técnicas que, según encuesta realizada por EL MACARENAZOO a través de la página Web, el 36% las desconoce completamente y el 64% han oído sólo rumores de pasillo (ningún encuestado afirmó haber leído documentos, conocido sentencias, o estudios sobre la sede, lo que demuestra una ignorancia casi del 99 % de los universitarios de la UD con sus propios problemas), sino en las cuestiones políticas de fondo: Los intereses de personajes particulares, como quedó demostrado con Alfonso Suárez; la desidia y abandono de las administraciones; la pérdida de apropiación del territorio por parte de los estudiantes; el uso de los dineros públicos para el empoderamiento de los monopolios corporativos. ¿Quién tiene que hacer algo? Los estudiantes son la universidad, el resto son meros ladrillos y paredes vacías, que reflejan una soledad de pensamiento. Los estudiantes, la base, es la que decide; y no los representantes estudiantiles; no sus directivas, que nadie o pocos conocen en persona; no las decisiones legales. No se puede esperar que el rector, o un funcionario encargado, se presente, para empezar a hace algo; no se puede, asimismo, tener una figura a quien despedazar, si no se construye propuesta; y la humilde proposición que desde acá sale, es que la acción y la movilización no surgen por un puñado de líderes empecinados en apoyar sus causas particulares (tal cual pasó hace un año), sino en los estudiantes callados que día a día se enteran más de la situación, analizan, y se reúnen con sus compañeros para preguntar, discernir y estar dispuestos a averiguar, escudriñar, informarse de lo que pasa.
Gracias.
Algunos datos anexos y Documentos Clave (que pueden ser solicitados mediante “derecho de petición”, al respectivo ente):
* Acción Popular de la Contraloría contra la UD.
* Se desarrolla la intervención de un lote en El Porvenir, localidad de Bosa, donde la administración ha pensado trasladar algunas carreras.
* Se piensa en la compra del colegio de las monjas, anexo a Macarena B.
* Estudio sobre la Macarena de “R. Maldonado Ingenieros E.U.”
* Estudio sobre la Macarena de la “Sociedad Colombiana de Arquitectos.”
* Estudio sobre la Macarena de “Economistas Urbanos Asociados Ltda.”
* Derecho de Petición de Alfonso Suárez Gómez. Junio 5 de 2003.
* Tutela Derecho de Petición. 19 de septiembre de 2003.
* Fallo de tutela. Juzgado 26 Civil Municipal. 7 de octubre de 2003.
* Radicación Incidente de Desacato. 31 de octubre de 2007. Puesto por Alfonso Suárez Gómez, a dos meses de terminar su periodo como decano.
* Fallo Incidente de Desacato. Juzgado 26 Civil Municipal. 14 de febrero de 2008.
* Respuesta de la UD frente al incidente de desacato. 21 de febrero de 2008. José Santiago Aristizabal Ariza, jefe Oficina Asesora Jurídica.
* El 13 de marzo, Alfonso Suárez volvió a la universidad. Ha sido la única vez que se le ha visto este año. Ese día, se realizó la diligencia de inspección judicial ordenada por el Juez 26 Civil Municipal.
* El pasado fin de semana, el rector se reunió con los decanos, funcionarios y representantes, a las afueras de Bogotá, para discutir el Plan de Desarrollo de la universidad, y, por consiguiente, la reforma estatutaria.
